Pleno Ordinario de Febrero en la Diputación de Alicante
La Diputación de Alicante celebró su pleno ordinario el pasado miércoles, donde el Partido Popular (PP) utilizó su mayoría absoluta para rechazar las propuestas de la oposición, compuesta por el PSPV y Compromís, relacionadas con la controvertida adjudicación de viviendas de protección pública (VPP) en Playa de San Juan. La oposición buscaba capitalizar políticamente la situación, presentando mociones que, según el PP, no eran competencia de la institución provincial, argumentando que el tema no debería ser objeto de discusión política en este ámbito.
Postergación de Explicaciones a un Pleno Extraordinario
La diputada provincial y concejal en el Ayuntamiento de Alicante, Cristina García, anunció que las explicaciones pertinentes se ofrecerán en un pleno extraordinario programado para el jueves. Esta decisión se enmarca en un contexto en el que la oposición ha formulado una moción a través de su portavoz de Compromís, Ximo Perles, quien exigió responsabilidades políticas y una revisión del modelo del Plan Vive, impulsado por la Generalitat, tras el escándalo de adjudicación de VPP a altos cargos del PP.
Denuncias de Irregularidades
Perles sostuvo que en este caso hay adjudicaciones a personas que no eran las más necesitadas, insinuando la posibilidad de que algunos tuvieran acceso a información privilegiada. Desde el PSPV, Raúl Ruiz, también concejal en el Ayuntamiento de Alicante, cuestionó la coincidencia entre la adjudicación de viviendas protegidas y la presencia de la concejala de Urbanismo, Rocío Gómez, así como familiares de altos cargos en las primeras posiciones de la lista de beneficiarios. Ruiz subrayó la inusual subida del límite de ingresos para acceder a estas viviendas, lo que generó sospechas sobre la transparencia del proceso.
Dimisiones y Responsabilidad Política
En respuesta a la crisis, Cristina García destacó que se aceptaron de inmediato las dimisiones de Gómez y de la directora general de Organización Interna, María Pérez-Hickman, quienes estaban involucradas en el escándalo. García calificó estas dimisiones como actos de responsabilidad que facilitan la investigación en curso, y enfatizó que el Ayuntamiento ha actuado con celeridad al encargar un expediente para esclarecer los hechos.
Además, la diputada indicó que el consistorio ha colaborado plenamente con las autoridades judiciales y que el caso ha sido remitido a la Fiscalía. En cuanto a la solicitud de explicaciones al alcalde de Alicante, Luis Barcala, García sugirió que este tema también se abordará en el pleno municipal programado para el jueves, insistiendo en que el verdadero problema reside en un marco normativo autonómico que ha sido objeto de modificaciones insuficientes a lo largo de los años.
