Controversia en la Adjudicación de Viviendas de Protección Pública en Alicante
Recientemente, la situación en torno a la adjudicación de las Viviendas de Protección Pública (VPP) en la urbanización Les Naus de Alicante ha suscitado un intenso debate. Un informe de la Policía Local ha puesto de manifiesto irregularidades notables, como el hecho de que varios miembros de una misma familia, incluyendo jóvenes de entre 18 y 24 años, hayan sido beneficiarios de una vivienda cada uno.
Irregularidades en la Selección de Adjudicatarios
El reporte policial revela que cinco jóvenes, todos relacionados entre sí, han sido favorecidos con la adjudicación de pisos en la misma promoción. La portavoz del Ayuntamiento, Cristina Cutanda, ha exigido explicaciones a la cooperativa responsable sobre los criterios utilizados para la selección de los adjudicatarios, enfatizando la necesidad de claridad en los procedimientos de adjudicación.
El Ayuntamiento, tras recibir el informe, ha compartido sus hallazgos con la Conselleria de Vivienda, con el objetivo de verificar la situación de los residentes y evaluar posibles irregularidades en la adjudicación y ocupación de las viviendas. Cutanda subrayó la preocupación por la edad de los beneficiarios, cuestionando la posibilidad de que personas tan jóvenes pudieran acceder a estas viviendas y si la normativa vigente lo permite.
Datos Preocupantes de la Inspección
El informe también destaca que de las 140 viviendas en Les Naus, 89 están registradas con un solo inquilino, a pesar de que se ha observado que en al menos 20 de ellas residen más personas. Estas cifras plantean interrogantes sobre la veracidad de la información proporcionada en el proceso de adjudicación.
Además, se han detectado más de una decena de casos donde varios miembros de una misma familia han obtenido viviendas, lo que podría indicar un patrón preocupante en la asignación de estos inmuebles. Cutanda ha señalado que la cooperativa debe aclarar los procedimientos de selección, dado que el Ayuntamiento solo tuvo la responsabilidad de vender el terreno y licitar la construcción, mientras que la adjudicación de las viviendas recayó en la cooperativa.
Acciones del Ayuntamiento y la Policía Local
Durante la inspección, se identificaron 46 viviendas que no contaban con ningún residente empadronado, lo que sugiere que algunos propietarios no están ocupando las viviendas en las que están registrados. Así mismo, se han encontrado casos de personas que habitan en pisos sin ser los propietarios, lo que infringe las normas de ocupación.
El Ayuntamiento ha decidido abrir tres expedientes informativos, afectando a técnicos del área de Urbanismo y a la jefa de Contratación, con el fin de investigar a fondo las irregularidades. Además, se está considerando la posibilidad de personarse como acusación particular en el procedimiento judicial relacionado con este caso.
Con estas acciones, el Ayuntamiento de Alicante busca asegurar la transparencia y legalidad en la adjudicación de viviendas de protección pública, en un contexto donde la demanda de vivienda asequible es crítica para la población.
