Requerimiento Judicial al Ayuntamiento de Alicante
La jueza encargada de la investigación sobre la adjudicación de las Viviendas de Protección Pública (VPP) en Les Naus ha solicitado nuevamente al Ayuntamiento de Alicante que entregue los correos electrónicos vinculados al procedimiento. La magistrada considera que la documentación proporcionada hasta ahora es insuficiente y ha establecido un plazo de cinco días para que el consistorio cumpla con este requerimiento.
Documentación Incompleta
Esta decisión se deriva de una providencia emitida el jueves pasado, tras la denuncia presentada por la acusación popular del PSPV, que alegó que los documentos enviados por el ayuntamiento no satisfacían completamente la solicitud realizada por el juzgado el 23 de mayo. Ante esta situación, la jueza ha instado al consistorio, a través de sus servicios jurídicos, a que presente de forma explícita la documentación previamente solicitada, cuyo envío sigue pendiente.
Los representantes del PSPV argumentan que el Ayuntamiento no ha entregado todos los correos electrónicos pertinentes al expediente de Les Naus, como había sido requerido. En particular, la orden del 23 de mayo instaba a la entrega de todos los mensajes enviados por el Servicio de Gestión Patrimonial a la Vicesecretaría municipal entre el 15 y el 31 de enero de 2026, incluyendo los archivos adjuntos.
Limitaciones en la Información Proporcionada
Sin embargo, según las quejas del PSPV, la información que finalmente se facilitó se limitó a las comunicaciones del 26 al 31 de enero, excluyendo los correos intercambiados entre el 15 y el 25 de enero, los cuales también estaban incluidos en la solicitud judicial. Por lo tanto, el partido socialista ha considerado que la respuesta del ayuntamiento no se ajusta a lo requerido y ha solicitado una reiteración de la exigencia de entregar toda la documentación necesaria.
Contexto de la Investigación
Esta controversia se enmarca dentro de la investigación sobre la adjudicación de viviendas protegidas en la promoción de Les Naus. Según explicó el consistorio al inicio de la polémica, la jefa del Servicio de Gestión Patrimonial informó a la concejala Nayma Beldjilali el 15 de enero acerca de posibles incompatibilidades que afectaban a personal municipal involucrado en el proceso de adjudicación. Ante esta advertencia, la concejala solicitó la elaboración de un informe.
La funcionaria declaró como testigo el 20 de mayo ante la jueza y manifestó no recordar por qué ciertos nombres que aparecían en borradores previos fueron excluidos de la versión final del informe. Además, indicó que tuvo conocimiento de la identidad de los adjudicatarios el 15 de enero, cuando la gestora de la cooperativa envió el listado necesario para finalizar el expediente de venta de la parcela municipal donde se construyó la promoción.
En la actualidad, la causa judicial tiene a quince personas investigadas, entre las que se encuentra la exconcejala de Urbanismo, Rocío Gómez, quien recibió una de las viviendas protegidas y dimitió tras la divulgación de la adjudicación. También se encuentran familiares de la exdirectora general municipal y responsable del Servicio de Contratación, María Pérez-Hickman, quienes igualmente fueron beneficiarios de una de las viviendas objeto de la investigación.
