El hermano de Pedro Sánchez inhabilitado por irregularidades en la Diputación de Badajoz
La Audiencia Provincial de Badajoz ha dictado una condena de nueve años de inhabilitación para David Sánchez Pérez-Castejón, hermano del presidente del Gobierno, Pedro Sánchez. Esta sentencia se produce en el contexto de un caso de prevaricación relacionado con su contratación en 2017 en la Diputación de Badajoz. Además, el tribunal ha extendido la misma pena a otros nueve acusados y ha impuesto una condena aún más severa, de 18 años, al exlíder del PSOE extremeño, Miguel Ángel Gallardo. Este fallo marca un precedente, siendo la primera sentencia que afecta directamente a la familia de un presidente en ejercicio.
Sentencia y repercusiones para el presidente del Gobierno
El tribunal, presidido por el magistrado José Antonio Patrocinio, hizo pública su resolución en un momento en que Pedro Sánchez se encontraba en París, asistiendo a los actos de la fiesta nacional francesa. Esta condena representa un respaldo a la instrucción de la jueza Beatriz Biedma, a pesar de que el Gobierno había cuestionado el proceso judicial. Aunque el tribunal no consideró probado el delito de tráfico de influencias, sí confirmó la prevaricación administrativa, lo que implica que Gallardo y otros implicados manipularon el proceso de selección del puesto de coordinador de actividades musicales para favorecer a David Sánchez, quien había recuperado la secretaría general del PSOE en ese momento.
Detalles de la condena
David Sánchez, también conocido en su faceta musical como David Azagra, ha sido declarado cooperador necesario en las irregularidades de su puesto. La Audiencia ha dictaminado que su contratación fue una administración «a medida» y, aunque no se le pudo atribuir la aceptación del puesto bajo sospecha, sí se le ha inhabilitado para el ejercicio de cualquier cargo público. La misma pena ha sido impuesta a otros nueve acusados, entre ellos varios funcionarios y exfuncionarios de la Diputación.
Por su parte, Miguel Ángel Gallardo ha recibido el castigo más severo, con una inhabilitación especial de 18 años por dos delitos de prevaricación administrativa. Gallardo fue un destacado líder del PSOE en la región y su condena podría tener repercusiones significativas en su carrera política.
Contexto del caso
El juicio por el denominado ‘caso Azagra’ se llevó a cabo entre mayo y junio de 2024, tras una querella presentada por el pseudosindicato Manos Limpias y otras organizaciones políticas. La jueza Biedma convocó a los 11 imputados a juicio, donde las acusaciones solicitaron penas de cárcel, aunque finalmente no se consideró probado el tráfico de influencias.
Durante el proceso, se presentaron numerosas declaraciones, de las cuales algunas apuntaron a la existencia de irregularidades en la selección de David Sánchez. Un testigo clave, un teniente coronel de la UCO, indicó que había indicios de que Gallardo había manipulado el proceso en beneficio del hermano del presidente. La directora de orquesta Cristina de Frutos también afirmó que no se respetó la igualdad de oportunidades en el proceso de selección.
Consecuencias futuras
Esta sentencia podría abrir la puerta a un recurso de apelación ante el Tribunal Superior de Extremadura, y de confirmarse, acarrearía la pérdida de empleo para los funcionarios condenados. La implicación de figuras cercanas al presidente del Gobierno en este caso ha generado un impacto significativo en el ámbito político español, planteando interrogantes sobre la ética y la legalidad en la administración pública.
