Inspecciones de Viviendas Turísticas Ilegales en Benidorm: Sanciones que Superan los 100.000 Euros
El Ayuntamiento de Benidorm ha logrado recaudar más de 100.000 euros gracias a la imposición de sanciones a cuatro viviendas turísticas que operaban sin la debida autorización. Esta acción se enmarca en el primer año de gestión de las competencias asumidas por el consistorio para regular y sancionar este tipo de alojamientos.
Balance de Inspecciones y Denuncias
El concejal de Comercio, Javi Jordá, ha presentado un informe sobre el estado de las inspecciones, destacando que se han recibido un total de 70 denuncias que afectan a 196 inmuebles. De estos, 107 ya contaban con el registro oficial de Vivienda de Uso Turístico otorgado por la Generalitat Valenciana, mientras que las 89 restantes están siendo revisadas.
En la actualidad, hay 73 viviendas en proceso de inspección, y 16 han sido propuestas para sanción. De estas, cuatro expedientes ya han sido resueltos, generando ingresos superiores a los 100.000 euros para las arcas municipales.
Detalles de las Sanciones
Las infracciones impuestas inicialmente estaban sancionadas con 50.001 euros cada una, aunque los propietarios optaron por el procedimiento de reconocimiento de la infracción y pronto pago, lo que permitió reducir la multa a la mitad. Los restantes doce expedientes están en diversas fases administrativas, incluyendo alegaciones y aportación de documentación.
Jordá ha subrayado que estos procedimientos requieren una tramitación cuidadosa, lo que puede extenderse durante meses, pero ha destacado que «ya se observan los primeros resultados de esta labor de control e inspección».
Proceso de Inspección y Colaboración con la Generalitat
El proceso comienza cuando un particular o una comunidad de propietarios denuncia la posible existencia de una vivienda turística sin la debida autorización. La Policía Local lleva a cabo la inspección, mientras que el Departamento de Comercio se encarga de instruir y tramitar el expediente sancionador.
Cada trimestre, el ayuntamiento envía un informe a la Generalitat Valenciana sobre los resultados de estas actuaciones. El último informe, remitido el 30 de junio, documenta una de las cuatro sanciones cobradas, ya que las otras tres se hicieron efectivas en julio y serán incluidas en el próximo balance.
Jordá ha recordado que la capacidad del ayuntamiento para llevar a cabo estas inspecciones y sanciones se deriva de un decreto de la Generalitat Valenciana que modificó la normativa autonómica sobre turismo. Este cambio ha fortalecido la capacidad municipal para combatir las viviendas turísticas ilegales y aumentar los recursos públicos a través de las sanciones.
