Investigación del Defensor del Pueblo sobre la situación de inmigrantes en Ceuta
El Defensor del Pueblo, Ángel Gabilondo, ha decidido iniciar una investigación de oficio para examinar las acciones implementadas y las que aún están pendientes por parte del Gobierno en respuesta a la crisis humanitaria que afecta a Ceuta. Esta situación se ha visto agravada desde el 30 de julio, cuando aproximadamente 72.000 personas, procedentes de Marruecos, llegaron de manera masiva a la ciudad.
Condiciones precarias para los migrantes
En su comunicación, Gabilondo ha solicitado a la Secretaría de Estado de Migraciones información detallada sobre la situación de las personas que aún se encuentran en la ciudad, muchas de las cuales son menores que, lamentablemente, se ven obligadas a pasar la noche al aire libre debido al desbordamiento del Centro de Estancia Temporal de Inmigrantes (CETI) y la falta de otros espacios de acogida.
El Defensor del Pueblo ha expresado su preocupación por las numerosas quejas recibidas en relación a las condiciones de extrema precariedad en las que viven estas personas, incluyendo la falta de agua potable, duchas, productos de higiene, ropa limpia, atención médica y alimentos. Además, ha enfatizado la situación crítica de muchos menores que aún no han sido identificados y que se encuentran en riesgo. En este contexto, Gabilondo ha destacado la alarmante situación de algunas niñas que no han sido integradas en el sistema de protección, mencionando informes de agresiones sexuales sufridas por algunas de ellas.
La alarmante cifra de menores sin identificar
La organización Save the Children ha estimado que alrededor de 4.000 menores continúan en las calles de la ciudad autónoma, durmiendo al raso y a la espera de ser identificados. Por su parte, el último informe del Gobierno indica que el número de niños y adolescentes que han sido integrados en el sistema de protección asciende a 1.527. Ante esta situación, el presidente de Ceuta, Juan Jesús Vivas, ha hecho un llamado a la acción, sugiriendo que se deben redoblar esfuerzos, incluso considerando posibles modificaciones legislativas, para facilitar el reagrupamiento de los menores. Vivas ha señalado que la capacidad de acogida ha pasado de 180 a 800 menores en la última semana, reflejando la urgencia de la situación.
