Celebración del Quinto Aniversario de la Ley Olimpia
Este año se cumple el quinto aniversario de la Ley Olimpia, un hito en la defensa de los derechos digitales de las mujeres en México. Sin embargo, para las víctimas de violencia digital, el camino hacia la justicia se asemeja a buscar el premio gordo de la lotería, ya que entre 2020 y 2025, un abrumador 95% de las investigaciones quedaron sin resolución.
La Ley, que se aprobó en 2021 con el propósito de tipificar la violencia sexual digital como un delito, no anticipó el impacto que tendría la inteligencia artificial (IA) en la proliferación de este problema. Actualmente, la IA se ha convertido en una herramienta esencial para amplificar la violencia digital. Un estudio realizado por Eon Institute y la Fundación Friedrich Naumann para la Libertad revela que solo dos casos relevantes de abuso de imágenes íntimas generadas con IA han afectado a más de 400 víctimas y han implicado la manipulación de 186,000 contenidos, incluyendo imágenes y vídeos.
El Aumento de la Violencia Digital
La IA no solo ha incrementado el alcance de la violencia digital, facilitando su difusión a través de bots, sino que también ha simplificado la creación de materiales íntimos no consensuados. Ya no se requieren habilidades técnicas avanzadas; una simple fotografía puede ser suficiente para digitalmente desnudar a una persona en cuestión de segundos, alterando su vida de manera irreversible.
En este contexto, surge ‘OlimpIA’, un innovador chatbot desarrollado por mujeres para ofrecer atención inmediata, gratuita y anónima a quienes han sufrido violencia digital. Con 37 modelos de inteligencia artificial integrados, OlimpIA se presenta como una respuesta a la creciente necesidad de apoyo en un entorno donde la violencia se reproduce más rápidamente que la capacidad de respuesta de las instituciones.
Desafíos en la Búsqueda de Justicia
A pesar de la existencia de la Ley Olimpia, los obstáculos para acceder a la justicia son significativos. La mayoría de las denuncias se quedan estancadas no por falta de leyes, sino debido a problemas estructurales que afectan el sistema judicial. Según el colectivo Luchadoras, en su informe ‘Justicia en trámite’, la escasez de sentencias se relaciona con la falta de capacitación adecuada, la revictimización de las víctimas y la dificultad para obtener pruebas.
Las instituciones que deberían facilitar el proceso de denuncia carecen de personal capacitado para abordar los casos desde una perspectiva de género, lo que se ve agravado por la ausencia de protocolos claros. Esta situación desanima a las víctimas a presentar denuncias, ya que muchas enfrentan el temor de ser revictimizadas. A menudo, los funcionarios minimizan la gravedad de la violencia digital, lo que resulta en denuncias desestimadas o investigaciones que se ralentizan.
La Obtención de Pruebas y la Responsabilidad de las Víctimas
Para aquellas que deciden dar el paso de denunciar, el proceso conlleva un desafío adicional: la recolección de pruebas. Las víctimas deben asumir la carga de obtener evidencias digitales, como capturas de pantalla, metadatos y URLs de las publicaciones, y deben gestionar la comunicación con las plataformas sin contar con el respaldo institucional necesario para eliminar contenido ofensivo. Como señala la activista Olimpia Coral Melo, el 70% de las denuncias que no han podido avanzar en el proceso se deben a la falta de pruebas, cuyo acceso depende en gran medida de las plataformas digitales.
Colaboración de Empresas y el Futuro de la Ley Olimpia
En este contexto, se destaca el acuerdo de colaboración voluntaria firmado en marzo entre el gobierno mexicano y gigantes tecnológicos como Google, Meta y TikTok. Este acuerdo busca prevenir y abordar de manera eficaz los casos de violencia de género en el entorno digital, y se centra en dos ejes fundamentales: la prevención y la atención. Uno de sus objetivos es fortalecer las herramientas y políticas necesarias para erradicar la violencia digital, lo que pone de manifiesto que no se trata de una falta de normas, sino de la necesidad de condiciones adecuadas para su aplicación.
En el momento de la denuncia, gran parte de la evidencia requerida y la trazabilidad de los casos dependen de la colaboración de las plataformas. Sin su apoyo para preservar contenido o facilitar el acceso a información clave, como los datos de los usuarios, los procesos legales se ven debilitados o simplemente no avanzan, dejando a las víctimas en una situación de vulnerabilidad constante.
