El impacto del Súper RIGI en la economía argentina
El Súper RIGI es una estrategia económica impulsada por el gobierno de Javier Milei con la intención de atraer inversiones que superen los 1000 millones de dólares. Este mecanismo ha sido diseñado para captar capitales en industrias de alta tecnología, aunque expertos advierten que el proyecto ofrece beneficios extraordinarios durante 30 años sin especificar con claridad las actividades abarcadas. Además, carece de una evaluación oficial sobre su impacto fiscal y no establece condiciones ambientales, productivas ni tecnológicas que puedan ser verificadas.
Proyectos en el punto de mira
Entre los proyectos que el Gobierno busca atraer se encuentran los centros de datos, infraestructuras clave para el desarrollo de la inteligencia artificial, y las granjas de criptomonedas. En países como Estados Unidos, estas construcciones han mostrado efectos adversos significativos en el medio ambiente, tales como contaminación acústica, emisiones de calor, fragmentación del hábitat que afecta a la biodiversidad, un uso excesivo del agua, generando escasez para las comunidades cercanas, y un aumento en el coste de la electricidad para los residentes en las áreas adyacentes.
Antecedentes y críticas al RIGI
La decisión de Milei se basa en una iniciativa reciente. En agosto de 2024, se promulgó un decreto que establecía el Régimen de Incentivo para Grandes Inversiones (RIGI), orientado a fomentar la minería y la exploración de gas y petróleo. Según la Fundación Ambiente y Recursos Naturales (FARN), esta medida provoca una grave “desprotección ambiental”, ya que no requiere estudios de impacto ecológico y restringe la capacidad de las provincias para regular el uso de sus recursos naturales.
Blindaje jurídico para grandes inversiones
Ariel Slipak, economista y docente de la Universidad de Buenos Aires (UBA), así como coordinador del área de Investigación de FARN, subrayó que el RIGI no solo actúa como un incentivo fiscal o arancelario, sino que proporciona un blindaje jurídico a las grandes inversiones extractivas. Según Slipak, uno de los artículos más destacados de este régimen establece que las normativas municipales, provinciales e incluso nacionales no pueden interferir con los beneficios obtenidos por los beneficiarios del RIGI, lo que implica que estas exenciones prevalecen sobre la legislación ambiental y laboral, así como sobre otras regulaciones pertinentes.
Proyectos y cifras del RIGI
A dos años de su implementación, se han presentado 40 proyectos que comprometen más de 138 000 millones de dólares en el marco del RIGI, de acuerdo con el Observatorio del RIGI. Esta iniciativa colaborativa incluye a FARN, la Escuela de Política y Gobierno de la Universidad Nacional de San Martín (EPyG-UNSAM), el Centro de Estudios Legales y Sociales (CELS), el Transnational Institute (TNI), el Espacio de Trabajo Fiscal para la Equidad (ETFE) y el Centro de Políticas Públicas para el Socialismo (CEPPAS).
De estos 40 proyectos, 21 están relacionados con la minería (litio, cobre, oro y arena de fractura), 13 pertenecen al sector de hidrocarburos (petróleo, gas y fertilizantes), tres se centran en el sector energético, dos en infraestructura y uno en siderurgia. Hasta la fecha, 21 proyectos han recibido aprobación, de los cuales 12 son del sector minero, cinco del ámbito de petróleo y gas, y cuatro restantes abarcan energía, infraestructura y siderurgia. Por otro lado, 18 proyectos siguen en fase de evaluación y uno ha sido rechazado.
