Herramientas para combatir la difusión de imágenes ilegales
Existen diversas herramientas destinadas a frenar la circulación de imágenes ilícitas en internet. Una de las más destacadas es Take It Down, un servicio proporcionado por el National Center for Missing & Exploited Children. Esta plataforma permite generar un hash, una especie de huella digital que identifica un archivo sin necesidad de cargarlo en la web. García Yáñez señala que compartir este código facilita la colaboración con las plataformas digitales para evitar la revictimización y la propagación de contenido ilegal. Gracias a esta información, las plataformas pueden detectar copias de las imágenes y trabajar para impedir su difusión.
No obstante, esta huella digital no permite identificar a la persona que obtuvo la imagen, ni a quien la compartió, ni si existieron amenazas en el proceso. Para investigar estas situaciones, García Yáñez recomienda conservar las conversaciones, fotografías o vídeos originales en el dispositivo donde aparecieron. Un perito puede analizar el dispositivo para verificar la existencia de los archivos y determinar si han sido alterados. “Con esto se proporciona certeza de que efectivamente existió en un determinado momento”, indica.
Desafíos en la preservación de pruebas
En ocasiones, las víctimas optan por eliminar los archivos por temor a que sus familiares los encuentren o a causa de amenazas. Cuando solo quedan capturas de pantalla, también es posible analizarlas, aunque resulta más complicado verificar su origen. Según el perito, una captura es “un poco más vulnerable como prueba”, aunque “a veces es lo que hay”.
Debate sobre la protección de menores en redes sociales
América Latina busca implementar medidas que protejan a los menores en redes sociales, pero surgen interrogantes sobre el impacto de estas acciones en la privacidad de los usuarios. Un estudio de Derechos Digitales examina las propuestas de 11 países latinoamericanos para restringir el acceso de menores a estas plataformas, abarcando desde la verificación de edad mediante documentos o análisis facial hasta la regulación de algoritmos.
Investigaciones y límites de actuación de colectivos ciudadanos
Cuando las investigaciones no obtienen respuestas de las autoridades, algunos colectivos, como DLR, han optado por hacer públicas las identidades de quienes consideran agresores. Torres admite que el grupo ha divulgado nombres, rostros y números de teléfono, lo que ha llevado a algunas denuncias en su contra.
Este fenómeno también ha sido documentado fuera de México. La Universidad de Essex, en el Reino Unido, ha investigado a los denominados “paedophile hunters”, grupos de ciudadanos que se hacen pasar por menores para identificar a agresores y, en ocasiones, exponerlos públicamente. Aunque su investigación reconoce que pueden aportar información a la policía, advierte sobre las implicaciones de exhibir a personas que aún no han sido juzgadas.
Implicaciones legales en la lucha contra el abuso sexual infantil
García Yáñez también menciona los riesgos legales asociados a estas acciones. Al ingresar a grupos donde circula material de abuso sexual infantil, los miembros de un colectivo pueden recibir archivos cuya posesión es sancionada por la ley. “Si te envían este tipo de contenido, ya te conviertes también en parte de la red”, advierte, aunque reconoce que la necesidad de actuar puede llevar a estas decisiones, especialmente ante la lentitud de las autoridades.
Torres plantea dudas sobre la capacidad de las autoridades para investigar estos delitos. Recuerda un caso en Oaxaca, donde DLR mantuvo durante meses acceso a grupos que mostraban indicios de explotación sexual de menores. Proporcionaron cuentas y enlaces para que las autoridades documentaran la situación, pero una de las áreas reportó uno de los grupos y este fue cerrado, lo que arruinó todo el trabajo acumulado durante meses. “No tiene sentido que existan fiscalías especializadas si no hay protocolos”, concluye.
