Con cada entrega de documentación, la tragedia del 29 de octubre de 2024 va tomando forma en los sumarios judiciales y en la revisión técnica de los hechos. Ese día, una DANA arrasó la comarca de l’Horta Sud y dejó un balance devastador. Ahora, un nuevo informe de la Subdirección General de Emergencias cuestiona directamente uno de los principales argumentos de la jueza de instrucción y reabre el debate sobre la responsabilidad de los organismos estatales y autonómicos en la gestión de la catástrofe.
El foco: la información disponible
El nivel de información previa y en tiempo real resulta clave: determina si las administraciones podían reaccionar o si, por el contrario, el fenómeno fue imprevisible. Hasta ahora, la jueza ha sostenido que existían datos suficientes y que el Cecopi (Centro de Coordinación Operativa Integrada) podía acceder al sistema automático de información hidrológica (SAIH) de la Confederación Hidrográfica del Júcar (CHJ). Bajo esa premisa, imputó por negligencia y homicidio imprudente a dos altos cargos de la Generalitat Valenciana.
Sin embargo, el nuevo informe desmiente este argumento: Emergencias no tenía acceso operativo al SAIH. Además, advierte que los datos que la CHJ colgaba en su web no eran oficiales ni podían usarse legalmente para tomar decisiones en un escenario crítico.
Silencios y llamadas sin respuesta
Más allá del acceso a datos, el documento subraya fallos graves en la comunicación entre agencias estatales y autonómicas. Emergencias trató de contactar hasta en doce ocasiones con Aemet y la CHJ sin éxito, pese a la urgencia de la situación.
La actuación del presidente de la CHJ, presente de forma telemática en el Cecopi durante toda la tarde, también queda en entredicho: nunca advirtió de las crecidas ni aludió verbalmente al peligro de desbordamiento. En los informes de seguimiento del 29-O elaborados por el Centro de Coordinación de Emergencias tampoco consta información alguna sobre el desbordamiento del barranco del Poyo, epicentro de la tragedia.
Protocolos incumplidos
El informe incorpora además un dato especialmente delicado: la existencia de un protocolo interno de la CHJ —un documento provisional con normas de actuación ante fuertes lluvias y riesgo de avenidas— que regula tanto la emisión de avisos de desbordamiento como la constitución de un comité permanente. La Subdirección General de Emergencias afirma que dicho protocolo fue “claramente incumplido”.
En paralelo, se recuerda que la Aemet llegó a informar hasta en tres ocasiones a Emergencias de que las lluvias se desplazaban hacia la Serranía de Cuenca, cuando en realidad el núcleo de la tormenta seguía descargando sobre l’Horta Sud.
Una instrucción enredada
Las conclusiones de este nuevo documento podrían alterar el rumbo de la instrucción judicial. Si la tesis se confirma, el foco de las responsabilidades se movería desde la Generalitat hacia los organismos de cuenca y meteorológicos, cuestionando el papel de la CHJ y de la Aemet en una tarde que acabó con consecuencias fatales.
La investigación sigue abierta y las próximas semanas serán clave: se espera la aportación de peritajes técnicos, registros de llamadas y correos electrónicos que determinen, con precisión minuto a minuto, qué sabía cada administración y por qué la población no recibió a tiempo una alerta efectiva.
