Benidorm presenta un plan dual para saldar la deuda de 350 millones con la familia Murcia Puchades
El Ayuntamiento de Benidorm está listo para someter a votación un ambicioso plan destinado a cubrir una deuda de 350 millones de euros, que incluye 283 millones de capital más intereses, con la familia Murcia Puchades. Esta indemnización es el resultado de una sentencia firme relacionada con los aprovechamientos urbanísticos en el parque natural de Serra Gelada, que se convertirá en patrimonio público.
Estrategia de pago para evitar la quiebra municipal
El alcalde, Toni Pérez, ha elaborado una propuesta que se basa en dos enfoques para salvaguardar la estabilidad financiera del municipio. En primer lugar, se planea realizar un abono inicial de 60 millones de euros antes de que finalice el año 2026. Para obtener estos fondos, se recurrirá a un préstamo de 55 millones del Fondo de Impulso Económico, así como a recursos propios del Ayuntamiento.
El grueso de la deuda no será abonado hasta el año 2031. A partir de ese momento, el Ayuntamiento se compromete a destinar al menos el 8% de los recursos corrientes ordinarios que se prevén en el presupuesto municipal de cada ejercicio a partir de 2031.
Transferencia de terrenos como parte del acuerdo
Además, el plan incluye la entrega de terrenos municipales valorados en 67,3 millones de euros para cubrir los intereses acumulados. Estos terrenos serán daciones en pago de propiedades con aprovechamiento urbanístico que puedan ser transformadas en suelo urbano, asegurando que estén libres de cargas de urbanización. Se identifican ubicaciones como Ensanche Levante o Murtal 2, así como otras áreas que puedan ser desarrolladas para uso residencial, siempre que cumplan con las condiciones estipuladas en el PGOU de 1990.
El equipo de gobierno destaca que este plan cuenta con el respaldo de los técnicos de las áreas de Secretaría, Intervención y Tesorería. Toni Pérez enfatiza que la reestructuración económica se ha diseñado con dos principios fundamentales: no aumentar la carga tributaria sobre los ciudadanos y no reducir los servicios públicos. «Es una propuesta perfectamente asumible que permite cumplir con la justicia defendiendo el interés general», aseguró el alcalde. Una vez que la corporación apruebe el acuerdo en pleno, será necesario obtener la aprobación final de la propiedad o de los tribunales para su implementación.
