La jueza de la dana respalda la postura del TSJ: Carlos Mazón no tenía responsabilidad en la coordinación
La magistrada encargada del caso de la dana ha adoptado la interpretación del Tribunal Superior de Justicia (TSJ), que sostiene que Carlos Mazón no tenía la obligación de coordinar las acciones durante la emergencia. En su reciente auto, la jueza ha desestimado la citación de dos consellers, argumentando que el objetivo de su comparecencia puede ser cumplido con la intervención de Ruth Merino, quien era la portavoz del Consell en el momento de la crisis.
Diferentes interpretaciones sobre el papel de Mazón
La visión del expresident Carlos Mazón sobre su rol durante la emergencia contrasta notablemente con la de la jueza. Sin embargo, la magistrada no tiene más opción que aceptar la conclusión del TSJ, que ha destacado la falta de indicios delictivos en la conducta del exdirigente. El alto tribunal enfatizó que Mazón no tenía la responsabilidad de garantizar la seguridad de la población ni estuvo involucrado en la activación del sistema de alertas ES-Alert, señalando que las acusaciones eran meras «conjeturas».
El último auto de la jueza refuerza la postura del TSJ, afirmando que Mazón no tenía la obligación de coordinar a los distintos miembros del Gobierno valenciano ni de dar instrucciones durante la emergencia. La Fiscalía también ha indicado que la atribución de responsabilidades que contempla el Estatuto de Autonomía es genérica y no específica sobre situaciones de emergencia. Esta interpretación fue inicialmente mencionada por los magistrados de la Audiencia al autorizar la citación de testigos cercanos a Mazón, como la periodista Maribel Vilaplana.
Recurso de Mazón y la oposición de la acusación popular
En otro desarrollo significativo, Mazón ha presentado un recurso ante la Audiencia de Valencia solicitando ser considerado como investigado, lo que le permitiría acceder al caso. Sin embargo, la jueza ha reiterado que su estatus debe ser únicamente el de testigo, basándose en la resolución del TSJ. Además, Mazón ha expresado su descontento con el criterio del juzgado, en particular con la Letrada de la Administración de Justicia, quien no ha facilitado los autos que él considera fundamentales para respaldar su defensa.
El sindicato CGT, que actúa como acusación popular en esta investigación, ha mostrado su oposición al recurso de Mazón, defendiendo que su condición actual es la de testigo. Este puede impugnar su estatus, pero sin la «designación de particulares», que se refiere a la selección de pruebas por parte del recurrente.
Contexto y repercusiones
La situación se mantiene tensa mientras las partes implicadas continúan presentando sus argumentos y la investigación sigue su curso. La decisión de la jueza y las acciones de Mazón generarán un impacto considerable en el desarrollo del caso y en la percepción pública sobre la gestión de la crisis de la dana.
