La lucha contra la corrupción de Sánchez se encuentra estancada un año después
El plan de integridad pública, central en la estrategia presentada tras la imputación de Cerdán, aún no ha sido tramitado, y el calendario electoral complica la posibilidad de implementar reformas.
El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, anunció hace casi un año, el 9 de julio de 2025, un ambicioso Plan Estatal de Lucha contra la Corrupción. Esta iniciativa surgió tras el escándalo de la imputación y posterior encarcelamiento del exsecretario de Organización del PSOE, Santos Cerdán, que sacudió el panorama político. El plan incluye quince medidas distribuidas en cinco ejes que van desde la creación de nuevos mecanismos de control hasta la promoción de campañas de concienciación sobre actividades ilícitas, y un mayor escrutinio sobre la financiación de los partidos. Sin embargo, un año después, ninguna de estas medidas ha sido implementada, y el único avance significativo es el anteproyecto de ley de integridad pública, que abarca nueve de las estrategias propuestas y que modifica hasta dieciocho leyes.
Desafíos en la tramitación de la ley
Los pasos necesarios para avanzar son numerosos y requieren tiempo, especialmente porque el PSOE debe asegurar apoyos para obtener la aprobación del Congreso. Con el final de la legislatura cada vez más cercano, se prevé la disolución de las Cortes, lo que implicaría que las leyes que no se hayan aprobado tendrían que reiniciar su proceso con el nuevo Gobierno. Se estima que, si no surgen impedimentos, el grueso de las medidas podría ser votado en la Cámara baja en junio del próximo año, una fecha que se aproxima al límite de las elecciones, cuyo plazo final está estipulado para mediados de agosto, según la Constitución.
Progresos y parálisis en la estrategia
Un mes tras el anuncio del plan anticorrupción, en agosto de 2025, se creó una comisión interministerial bajo el Ministerio de Hacienda, entonces presidido por María Jesús Montero, para supervisar la implementación de la estrategia. Sin embargo, desde ese momento, el progreso ha sido escaso. El 17 de febrero se comunicó que el Consejo de Ministros había aprobado el anteproyecto de ley de integridad pública, el cual abordará el ciclo del fraude.
Apenas una semana después, se llevó a cabo la primera sesión de la comisión interministerial, que se había retrasado seis meses. La presidencia recayó en Montero, que ahora se encuentra en la oposición en Andalucía. El Gobierno también estableció un calendario que prevé que el Consejo de Ministros dé su segunda aprobación a la ley de integridad pública en junio. Sin embargo, los plazos se complican por la fragmentación parlamentaria.
Contenido de la ley y medidas excluidas
Dentro del anteproyecto de ley de integridad pública se agrupan nueve de las quince medidas del plan anticorrupción. Esta normativa, que aún espera la segunda aprobación del Consejo de Ministros, se centra en la fiscalización de la actividad pública y en el endurecimiento de las normas, con la creación de la Agencia Independiente de Integridad Pública. Esta nueva autoridad, con rango de Secretaría de Estado, unificará varias oficinas relacionadas con los conflictos de intereses y la protección de denunciantes.
Además, se prevé un mayor control sobre la financiación de los partidos, obligándolos a someterse a auditorías externas si reciben más de 50.000 euros de fondos públicos y reduciendo a 2.500 euros el umbral para hacer públicas las donaciones privadas. En el ámbito penal, se propone aumentar la prescripción de los delitos de corrupción de cinco a siete años y prohibir el acceso al tercer grado penitenciario para aquellos condenados que no restituyan el dinero malversado.
Sin embargo, seis reformas adicionales se encuentran fuera de este marco legal. Algunas ya estaban en desarrollo cuando se anunció el plan, como la futura ley de Administración Abierta y el proyecto de ley de transparencia asociada a grupos de interés, que llevan años en espera de tramitación. Otras cuatro medidas, como la creación de una plataforma de contratación basada en Big Data y la formación obligatoria en integridad para el sector público, también permanecen estancadas.
Estado actual de las medidas anticorrupción
- Agencia Independiente de Integridad Pública: Integrará diversas oficinas en una única autoridad con rango de Secretaría de Estado.
- Mapas de riesgos de integridad: Extenderán la obligación de elaborar mapas de riesgos a todas las administraciones.
- Control de la financiación de partidos: Obligar a auditorías externas para partidos y fundaciones que reciban más de 50.000 euros, y hacer públicas donaciones de más de 2.500 euros.
- Elevación de la prescripción de delitos de corrupción: Aumentar de cinco a siete años el plazo para investigar delitos complejos.
- Restricción del tercer grado penitenciario: Prohibir beneficios penitenciarios a condenados que no devuelvan el dinero malversado.
- Sistemas de compliance y exclusión de empresas: Exigir controles anticorrupción a empresas que contraten con el Estado.
- Protección de denunciantes de corrupción: Modificar la ley para garantizar la confidencialidad y protección de quienes denuncien actos ilícitos.
- Secciones judiciales especializadas: Crear secciones en los tribunales para investigar delitos contra la Administración Pública.
- Optimización de la recuperación de activos: Proporcionar más recursos a la Oficina de Recuperación y Gestión de Activos.
- Nueva Ley de Administración Abierta: Actualizar el Portal de Transparencia y establecer controles patrimoniales para altos cargos.
- Ley de Transparencia e Integridad de los Grupos de Interés: Regular la actividad de lobbies mediante un registro y la creación de una «huella normativa».
- Plataforma de contratación con Big Data e IA: Implementar tecnología para detectar fraudes en licitaciones públicas.
- Formación obligatoria del sector público en integridad: Desplegar programas formativos en ética pública y prevención del fraude.
- Campaña social de concienciación anticorrupción: Diseñar campañas públicas para sensibilizar y educar sobre la corrupción.
- Encuesta anual del CIS sobre corrupción: Realizar estudios anuales sobre la percepción ciudadana respecto al fraude.
La falta de avance en estas medidas revela un estancamiento significativo en la lucha contra la corrupción, a medida que se acerca un periodo electoral que podría complicar aún más su implementación.
