La Cámara de Diputados ha aprobado tanto en términos generales como particulares el dictamen que establece la Ley de Economía Digital para Pagos Digitales y Electrónicos. Esta legislación tiene como objetivo fomentar la implementación y la adopción de medios de pago electrónicos y digitales en México. Los defensores de esta iniciativa argumentan que busca promover la inclusión financiera y ofrecer mayores oportunidades a las empresas en el país. Sin embargo, sus críticos advierten que podría representar un mecanismo autoritario que facilite la vigilancia y agrave las desigualdades ya existentes en el mercado mexicano.
Objetivo de la ley
La propuesta de ley tiene como finalidad cerrar la brecha entre la infraestructura disponible y su uso efectivo, permitiendo que cualquier persona pueda realizar pagos de manera digital, según se detalla en el documento de presentación.
La legislación define como pagos digitales y electrónicos aquellos que se llevan a cabo mediante códigos QR, códigos de respuesta rápida y dispositivos NFC. Estos métodos incluyen “la realización de pagos, el uso de tarjetas de débito y crédito, órdenes de transferencia de fondos, conocido como domiciliación, así como cualquier dispositivo, tarjeta o interfaz que permita realizar pagos y transferencias de recursos, conforme a las disposiciones emitidas por las autoridades competentes”, tal como lo ha comunicado la Cámara de Diputados.
Seguridad en los pagos digitales
De cara a 2026, se anticipa que los ciberdelincuentes utilizarán técnicas como la ingeniería social, deepfakes y virus adaptables para atacar a usuarios distraídos y comprometer sistemas financieros.
Entre otros aspectos, la nueva normativa estipula que la CURP digital será aceptada como un mecanismo válido para verificar la identidad de los usuarios que deseen contratar servicios financieros a través de plataformas electrónicas. Sin embargo, también se permite el uso de otros documentos oficiales para esta finalidad.
Expediente Digital Ciudadano
La ley incluye la creación del Expediente Digital Ciudadano, diseñado para facilitar el acceso de las instituciones financieras a documentos o información digital de quienes buscan contratar servicios financieros, siempre con autorización previa. Los datos contenidos en este expediente tendrán la misma validez legal que sus equivalentes físicos, y los ciudadanos podrán solicitar su consulta y portabilidad.
Además, el marco legal establece que las autoridades de los tres niveles de gobierno deben adoptar medios de pago electrónicos y digitales para sus trámites y servicios, y los proveedores de bienes y servicios deberán implementarlos. Tanto las autoridades como los establecimientos tendrán la responsabilidad de habilitar la infraestructura necesaria, informar a los usuarios sobre las opciones disponibles y establecer mecanismos para atender situaciones que impidan temporalmente la aceptación de pagos digitales.
Regulación de los pagos digitales
La legislación otorga a la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP) la autoridad para determinar sectores estratégicos o actividades relevantes en las que los pagos digitales y electrónicos sean la única forma de abono. Hasta el momento, las condiciones, requisitos y normas de operación que regirán estos sectores son inciertas. Se contempla una excepción que permite el uso temporal de efectivo o cheque en caso de contingencias que imposibiliten el uso de pagos electrónicos, aunque estas situaciones no podrán convertirse en una práctica habitual.
Finalmente, el proyecto asigna a la Agencia de Transformación Digital y Telecomunicaciones (ATDT) la tarea de desarrollar modelos y soluciones tecnológicas que faciliten la digitalización de trámites y servicios, incluyendo la CURP Digital, el Expediente Digital Ciudadano, una Ventanilla Digital Nacional de Inversiones y una Plataforma de Establecimientos Mercantiles.
Opiniones divididas sobre la ley
A pesar del avance de esta propuesta en el proceso legislativo, ha suscitado opiniones encontradas entre los legisladores respecto a su aplicación, propósito y el impacto económico que podría tener, especialmente en micro, pequeñas y medianas empresas (mipymes) y consumidores.
Carlos Hernández Mirón, diputado del Movimiento de Regeneración Nacional (Morena), afirmó que esta ley es una herramienta esencial para impulsar el mercado interno. Citando datos del Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI), destacó que México dispone de la infraestructura necesaria para atender pagos digitales a gran escala, ya que “el 98%” de los mexicanos cuenta con un dispositivo móvil que les permite acceder a estos servicios. Sin embargo, es importante señalar que la cifra real es del 84.6% de la población mexicana de seis años o más que utilizó un teléfono celular en 2025, según la Encuesta Nacional sobre Disponibilidad y Uso de Tecnologías de la Información en los Hogares del INEGI.
