Alicante se compromete con la regulación de viviendas turísticas ilegales
El Ayuntamiento de Alicante avanzará en su estrategia de control sobre las viviendas de uso turístico mediante su adhesión a un convenio con la Consellería de Innovación, Industria, Comercio y Turismo y la Federación Valenciana de Municipios y Provincias (FVMP). Este acuerdo, que será presentado en la Comisión de Urbanismo y en el pleno del próximo semana, permitirá al consistorio gestionar las sanciones por infracciones leves, graves y muy graves en este sector.
Una medida para fortalecer la sostenibilidad turística
El vicealcalde de Alicante, Manuel Villar, ha destacado la importancia de este convenio al señalar que representa un avance significativo en la regulación de la actividad turística en la ciudad. Villar enfatizó que asumir las competencias en materia sancionadora permitirá al Ayuntamiento controlar mejor las irregularidades y frenar el crecimiento de este negocio de manera ilegal.
Además, el vicealcalde recordó que esta nueva medida se suma a otras iniciativas ya implementadas por el Ayuntamiento, como la moratoria en la concesión de licencias a viviendas de uso turístico y el desarrollo de una nueva regulación para los alojamientos turísticos en Alicante.
Detalles del convenio y su impacto
La adhesión al convenio está planteada inicialmente para un periodo de cinco años y cuenta con el respaldo de informes técnicos favorables. El Servicio de Economía y Hacienda ha confirmado que la medida no afectará la estabilidad presupuestaria, mientras que el Servicio Jurídico municipal ha indicado que no existen obstáculos legales para su tramitación y aprobación.
Un informe del departamento de Inspecciones, Sanciones y Conservación de Inmuebles revela que entre 2023 y 2025 se han iniciado 418 expedientes por infracciones urbanísticas en viviendas de uso turístico. De estos, el 80 por ciento han sido confirmados con actas de inspección y decretos de suspensión, y en el 90 por ciento de los casos se ha iniciado el correspondiente proceso sancionador.
Se estima que la adhesión al convenio incrementará en un 20 por ciento la carga de trabajo del departamento, pero se prevé un impacto económico positivo en los ingresos municipales, que alcanzaría los 8.845.650 euros durante los cinco años de delegación de competencias. En términos de gastos, se considera que el impacto será nulo, dado que se realizará una redistribución del personal existente o que se incorpore a los procesos selectivos en curso.
