La acusación solicita 13 años de prisión para Begoña Gómez tras corrección judicial
La acusación popular, compuesta por entidades como Hazte Oír y Vox, ha presentado un nuevo informe final en el que se solicita una pena de 13 años de prisión para Begoña Gómez, esposa del presidente del Gobierno, Pedro Sánchez. Esta cifra representa una reducción significativa respecto a los 24 años inicialmente demandados. Esta modificación se produce tras la reciente decisión de la Audiencia Provincial, que revisó los recursos presentados por la acusada contra una instrucción judicial polémica liderada por el juez Juan Carlos Peinado.
Detalles de la acusación
El magistrado ha solicitado nuevos informes a las partes implicadas, a raíz de que la Audiencia decidiera retirar dos de los cargos que se imputaban tanto a Gómez como a su asistente, Cristina Álvarez. La acusación ha desglosado su demanda de pena, solicitando dos años de prisión por tráfico de influencias, tres años por malversación continuada y ocho años adicionales por malversación cualificada relacionada con el uso indebido de un software desarrollado en la Cátedra de Transformación Social Competitiva. Además, piden seis años de cárcel para Álvarez, a quien consideran «cooperadora necesaria» en la apropiación del software.
En su escrito, la acusación también ha solicitado la apertura de juicio oral ante el Tribunal del Jurado, así como la imposición de fianzas y medidas cautelares, que incluyen la prohibición de que Gómez disponga de las participaciones de su empresa, Transforma TSC, y el bloqueo de las marcas registradas a su nombre.
Inhabilitación y justificación de las penas
La acusación popular ha solicitado, además, 20 años de inhabilitación absoluta para Gómez, junto con 10 años de veto para acceder a subvenciones o contratos con la Administración debido al delito de tráfico de influencias y cuatro años de suspensión de empleo público por el uso irregular de su asistente. Para Álvarez, la inhabilitación solicitada es de 15 años.
Para argumentar estas penas, las acusaciones han sostenido que Gómez utilizó su posición para promover la creación de la cátedra en la Universidad Complutense, a pesar de no contar con la titulación necesaria. Según las acusaciones, Gómez estableció una red de patrocinio con grandes empresas, como Google y Telefónica, para financiar el desarrollo de un software, el cual registró a su nombre en lugar de cederlo a la universidad, creando una sociedad para su explotación personal. Se sostiene que Álvarez colaboró en esta maniobra, desviando recursos públicos para gestionar la agenda de Gómez.
Reformulación de las acusaciones tras la revisión judicial
El 20 de junio, el juez Peinado emitió un auto controvertido que incluyó medidas cautelares, como la retirada del pasaporte de Gómez, lo que provocó una serie de recursos ante instancias superiores. La Audiencia Provincial de Madrid, en su respuesta, estimó parcialmente las quejas de las defensas, limitando los cargos que se podían imputar y alterando el rumbo del caso. Esto llevó al juez a solicitar a las acusaciones que ajustaran sus conclusiones a los delitos que permanecieron tras la revisión judicial, limitando así el alcance de la instrucción y preparando el camino hacia el juicio.
