Cinco años tras el trágico derrumbe en Peñíscola: propietarios demandan justicia
Cinco años han transcurrido desde el colapso de un edificio en Peñíscola, que el 25 de agosto de 2021, resultó en la muerte de una mujer de 54 años y un menor de 14. A pesar del tiempo transcurrido, la investigación judicial sigue abierta y los propietarios de las viviendas afectadas exigen que se esclarezcan las posibles responsabilidades que llevaron a esta tragedia. La Comunidad de Propietarios Patios Fase V, ubicada en la urbanización Font Nova de Peñíscola (Castellón), ha denunciado que, tras cinco años, aún no se han finalizado las diligencias para determinar si hubo negligencias que pudieran acarrear consecuencias penales.
Estado del edificio y vandalismo
Los propietarios han manifestado su preocupación por el estado del inmueble, que ha sido objeto de vandalismo desde que quedó bajo custodia judicial. Lamentan no haber recibido, según su testimonio, el apoyo necesario por parte de las administraciones, lo que ha agravado la situación.
Un hito significativo en la investigación ocurrió en abril de 2025, cuando la jueza a cargo del caso decidió tomar declaración como investigados a varios técnicos del Ayuntamiento de Peñíscola y del Colegio de Arquitectos de Castellón. Este paso busca determinar si existieron responsabilidades penales relacionadas con la concesión de las licencias de obra y de primera ocupación del edificio, así como si se ignoraron advertencias sobre la seguridad estructural.
Desarrollo de la investigación
La instrucción ha ido avanzando, y en octubre de 2025, declararon ante el juzgado el arquitecto municipal que firmó la licencia de obras, el responsable jurídico del Ayuntamiento que se ocupó del expediente y la aparejadora que intervino en la licencia de ocupación. La jueza también solicitó información al Colegio de Arquitectos de Castellón para verificar si el proyecto cumplía con toda la documentación legal requerida, aunque, según los propietarios, esta solicitud sigue sin respuesta.
En febrero de 2026, el Tribunal Superior de Justicia de la Comunitat Valenciana (TSJCV) exigió al Colegio que designara un perito para comparecer ante el juzgado, pero los vecinos aseguran que tampoco han recibido respuesta a este requerimiento.
Reapertura de la causa y hallazgos iniciales
La causa ya había dado un giro importante en octubre de 2024, cuando la Audiencia Provincial de Castellón decidió reabrir la investigación, considerando prematuro el archivo provisional del caso. El derrumbe afectó a 55 viviendas y provocó la muerte de dos personas, lo que ha permitido seguir investigando las circunstancias que llevaron al colapso del inmueble.
Un elemento clave en la causa es el informe de la Conselleria de Vivienda, que atribuyó el derrumbe a una serie de deficiencias y errores en la construcción. Este informe señala que la obra se desvió del proyecto original, incluyendo el uso de materiales de calidad inferior y cimientos con un grosor menor al especificado, lo que afectó gravemente la seguridad de la estructura.
Preocupaciones de los propietarios y reclamaciones
La comunidad de propietarios ha expresado su creciente preocupación por el deterioro del edificio, que ha sido objeto de saqueos y vandalismo durante su custodia judicial. Además, critican la falta de respuesta por parte de las aseguradoras implicadas en relación a las pérdidas sufridas.
Recientemente, los afectados han presentado una reclamación de responsabilidad patrimonial por la vandalización del inmueble y han solicitado a la Policía Local que aumente la vigilancia en la zona, ya que el vallado de protección se encuentra en mal estado y permite el acceso al edificio.
Demandas de los propietarios ante la inacción
A medida que se acerca el quinto aniversario del derrumbe, los propietarios reiteran su demanda de que la investigación avance y que se determinen las responsabilidades por acción u omisión en este trágico suceso. Su principal preocupación radica en el tiempo que ha pasado desde la tragedia y en la situación actual del edificio, mientras las diligencias judiciales siguen sin cerrarse.
La comunidad de propietarios continúa sin recibir soluciones para las viviendas que quedaron inutilizables tras el colapso y exige que tanto la investigación judicial como las acciones administrativas permitan esclarecer lo sucedido y quiénes podrían ser responsables de una tragedia que dejó dos vidas perdidas en Peñíscola.
