Investigación sobre el Acceso a Vivienda de Protección Pública por un Ex Cargado de Compromís
El síndic de Compromís en Les Corts, Joan Baldoví, acompañado por sus colegas de partido Aitana Mas y Rafa Mas, ha solicitado que se lleve a cabo una investigación exhaustiva sobre cualquier posible irregularidad relacionada con el acceso a una vivienda de protección pública (VPP) por parte de Xavier Navarro, exdirector del Institut Cartogràfic Valencià (ICV).
Contexto del Caso
La necesidad de esta investigación surge tras la información que indica que Navarro, quien ocupó el cargo desde finales de 2015 hasta finales de 2023, recibió una adjudicación de una VPP en la pedanía de La Torre de València mientras aún se desempeñaba en su puesto público.
Baldoví, al ser consultado sobre esta situación, enfatizó que si se detecta alguna irregularidad, debe ser investigada y que se tomen las medidas pertinentes. Además, hizo un llamado a no comparar este caso con la polémica trama de Alicante relacionada con las adjudicaciones de VPP en el residencial Les Naus de Playa de San Juan.
Reacciones y Posicionamientos
En sus declaraciones, Baldoví también aclaró que no ha tenido contacto con el exdirector del ICV, pero anticipó que otros miembros de Compromís podrían hacerlo para esclarecer los hechos. Reiteró que su partido mantiene firme la postura de investigar cualquier indicio de irregularidad en las adjudicaciones de VPP, y criticó al Consell por haber eliminado en 2024 ciertos requisitos de adjudicación.
Desde el Partido Popular, su síndic, Nando Pastor, ha exigido a Compromís que ofrezca explicaciones claras y convincentes sobre este asunto, señalando que la situación es especialmente preocupante dado el contexto de la polémica de Les Naus. Pastor apuntó que, dado que Navarro estuvo bajo la supervisión de la consellera socialista Mª José Salvador, es fundamental esclarecer lo sucedido.
Por su parte, el síndic socialista, José Muñoz, afirmó que si se determina que una persona ha tenido acceso a una vivienda que no le corresponde, la Generalitat debe iniciar los trámites necesarios para que dicha vivienda regrese al dominio público.
Este caso resalta la importancia de la transparencia y la integridad en la gestión de recursos públicos, especialmente en un contexto donde la vivienda sigue siendo un tema candente en la agenda política.
