Investigación sobre el escándalo de viviendas en Alicante
Compromís, el partido político valencianista, ha solicitado la creación de una comisión de investigación para esclarecer las irregularidades en la adjudicación de viviendas de protección oficial en la cooperativa Les Naus de Alicante. Sin embargo, el partido ha omitido mencionar que el funcionario involucrado en este escándalo fue designado por ellos mismos. El Partido Popular (PP) ha exigido explicaciones a la formación nacionalista al respecto.
Polémica en torno a la adjudicación de viviendas
La controversia ha surgido tras la revelación de que la ex concejala de Urbanismo del Ayuntamiento de Alicante, Rocío Gómez, así como los hijos de María Pérez-Hickman, exdirectora general de Organización Interna, Contratación Pública y Gestión de Fondos, y un arquitecto municipal, han adquirido cuatro de estas viviendas protegidas. Esto ha levantado sospechas sobre la legalidad de la adjudicación y el posible conflicto de intereses.
En su proposición, Compromís también ha instado al PP a asumir «todas las responsabilidades políticas» relacionadas con este escándalo, lo que incluye ofrecer «explicaciones públicas completas» y establecer medidas que eviten que funcionarios o personas vinculadas a la política se beneficien de políticas de vivienda destinadas a los ciudadanos que realmente lo necesitan. Aitana Mas, portavoz adjunta de Compromís en Les Corts, ha criticado la situación, acusando al PP de facilitar la intervención de empresas privadas en la gestión de recursos públicos destinados a la vivienda.
Reacciones del Partido Popular
Por su parte, Nando Pastor, síndic del PP en Les Corts, ha defendido que el funcionario suspendido no fue ascendido por su partido, sino que su nombramiento fue una decisión tomada por Compromís. En este sentido, ha exigido a la coalición valencianista que ofrezca aclaraciones, argumentando que su solicitud de investigar el asunto busca desacreditar el trabajo del Consell en materia de vivienda.
Pastor ha señalado que es «curioso» que Compromís demande una comisión de investigación, dado que ellos son los que deberían rendir cuentas sobre el nombramiento del funcionario involucrado, quien fue designado durante el gobierno del Botànic, en el que Compromís y PSPV compartían responsabilidades.
