Investigación sobre la compra del ático de la Comunidad de Madrid
La reciente adquisición del ático en Chamberí por parte de la Comunidad de Madrid ha desencadenado una controversia que ha llegado hasta el Tribunal de Cuentas. El abogado Javier Flores, conocido por su labor en la fiscalización de la administración regional, ha presentado una denuncia solicitando que se investigue el posible impacto económico negativo que esta operación haya podido causar a las arcas públicas.
Detalles de la compra
La denuncia no señala a ninguna persona en particular, pero pide que se analice la actuación de Planifica Madrid, la entidad pública vinculada a la Consejería de Presidencia, responsable de formalizar la compra del inmueble el pasado 14 de abril. Este ático, de 485 metros cuadrados y casi 200 metros de terraza, fue presentado inicialmente como una oficina temporal para la presidenta Isabel Díaz Ayuso y su equipo durante las obras en la Real Casa de Correos. Sin embargo, la normativa urbanística de Madrid prohíbe utilizar un espacio residencial como oficina.
Decisión de la reventa
El 30 de julio, la Comunidad anunció que pondría el ático nuevamente en el mercado, solo tres meses y medio después de su adquisición, sin haber sido utilizado. Esta decisión forma parte de un conjunto de ventas de otros cuatro inmuebles en Gran Vía, con el objetivo de recaudar entre 20 y 22 millones de euros para financiar la reconstrucción de áreas afectadas por incendios en la Sierra Oeste.
Costes y justificación de la operación
La denuncia plantea que la operación podría haber generado costes irrecuperables, a pesar de que el ático no cumplió ninguna función pública. Estos gastos podrían incluir honorarios notariales, registrales, tributarios, de intermediación y de acondicionamiento, aunque el monto exacto no ha sido revelado, ya que el Gobierno regional no ha hecho pública la cifra de compra ni el expediente completo.
Flores solicita al Tribunal de Cuentas que obtenga la escritura pública, los detalles del pago, la tasación previa y la memoria justificativa de la necesidad de esta compra. También pregunta sobre quién propuso el inmueble, qué órgano autorizó la adquisición y si se consideraron otras opciones, como alquilar una oficina o utilizar edificios ya existentes de la Comunidad de Madrid.
Cuestionamiento de los procedimientos administrativos
Además, el escrito plantea interrogantes sobre si la compra fue autorizada por el órgano competente en materia de patrimonio o si Planifica Madrid llevó a cabo la operación sin los controles administrativos necesarios.
El Tribunal de Cuentas ahora evaluará si existen suficientes elementos para abrir una investigación y solicitar la documentación pertinente. La presentación de esta denuncia no implica necesariamente que se haya detectado responsabilidad contable ni que la operación haya sido considerada irregular.
Reacciones políticas en la Asamblea de Madrid
En el ámbito político, las reacciones no se han hecho esperar. El PSOE ha solicitado una reunión urgente de la Mesa de la Diputación Permanente para exigir respuestas al Gobierno de Ayuso. Por su parte, Más Madrid ha anunciado su intención de presentar una denuncia adicional para que un juez pueda requerir los documentos que la Comunidad aún no ha hecho públicos.
