La Diputación de Alicante establece una comisión de investigación sobre el Bono Comercio
En la sesión plenaria celebrada el pasado miércoles en Alicante, la Diputación de Alicante tomó la decisión de crear una comisión de investigación en relación al programa Bono Comercio. Esta medida se produce tras la reciente detención de Carlos Baño, presidente de Facpyme y la Cámara de Comercio, por supuestas irregularidades en las campañas de 2022 y 2023.
Rechazo a la comparecencia de figuras clave
El grupo gobernante en la Diputación, encabezado por el Partido Popular, desestimó la propuesta presentada por el Partido Socialista para convocar a comparecer al expresidente Carlos Mazón, al actual presidente Toni Pérez y al propio Baño. Según el argumento presentado, será la propia comisión la que decidirá sobre la citación de testigos.
La nueva comisión estará compuesta por 13 miembros, distribuidos de la siguiente manera: siete del PP, cuatro del PSPV, uno de Vox y uno de Compromís. El grupo socialista intentó incorporar enmiendas para asegurar un mínimo de seis sesiones, propuesta que fue aceptada, a diferencia de la solicitud para que Mazón, Pérez y Baño comparecieran.
Defensa de la transparencia y rendición de cuentas
Durante el pleno, la vicepresidenta primera, Ana Serna, enfatizó que la decisión de no incluir a las figuras mencionadas no es competencia del pleno, sino que corresponde a la comisión que se formará. Serna también subrayó que el programa Bono Comercio había contado con el respaldo de todos los grupos políticos y que cada ayuntamiento tenía autonomía sobre su gestión, con supervisión constante por parte del servicio de Intervención.
El diputado socialista Raúl Ruiz expresó su descontento con la postura del Partido Popular, argumentando que esta decisión representa un obstáculo a la transparencia y la rendición de cuentas, al impedir que quienes deben aclarar su gestión en relación a los bonos consumo se presenten ante la comisión.
Propuestas económicas y de infraestructura
En otro ámbito, el pleno aprobó una moción para solicitar al Gobierno la suspensión de las reglas fiscales, permitiendo así el uso de remanentes para abordar la crisis provocada por la guerra en Irán. Los populares estiman que hay mil millones de euros en ahorros bloqueados en la provincia de Alicante que podrían ser destinados a medidas urgentes.
La moción fue apoyada no solo por el PP, sino también por Vox y Compromís, mientras que el PSOE votó en contra. Además, se aprobó unánimemente el Plan +Cerca 2026, que prevé una inversión de más de 8,8 millones de euros para 141 municipios de la provincia y tres entidades locales menores.
Se dieron luz verde a diversas líneas de ayuda para los ayuntamientos, incluyendo dos convocatorias dirigidas al Ciclo Hídrico, que suman un total de 2,3 millones de euros para mejorar infraestructuras de abastecimiento y saneamiento. Asimismo, se aprobó el Plan de Mejora de la Red Viaria Provincial, con una inversión de 3,4 millones de euros, y otros planes relacionados con la movilidad peatonal y ciclista.
Debate sobre la situación en l’Alqueria d’Asnar
Fuera del orden del día, se discutió una moción del Grupo Socialista para garantizar el respeto a la legalidad democrática en el Ayuntamiento de L’Alqueria d’Asnar. Este tema atrajo la atención de varios vecinos que asistieron como público al pleno. Desde el PSOE se solicitó la intervención de la Diputación para la designación de un secretario en el consistorio, con el fin de convocar un pleno que aborde una moción de censura presentada por cuatro concejales.
Ana Serna aclaró que este asunto no es competencia de la Diputación, sino de la Subdelegación del Gobierno. Además, expresó que la situación es judicializada y que se ha actuado dentro de los límites de la competencia. La presidenta de la Diputación, Toni Pérez, también criticó al PSOE por utilizar este tema con fines políticos, señalando que la institución no tiene competencias en este ámbito.
