División en el CGPJ y la investigación a Peinado
El Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) ha decidido, con el voto determinante de su presidenta Isabel Perelló, iniciar el procedimiento para investigar al juez Juan Carlos Peinado. Esta decisión se produce tras las declaraciones del magistrado, que, en relación al juicio de Begoña Gómez, insinuó que los agentes de la Policía Nacional que la custodian podrían facilitar su fuga.
Posturas encontradas en la comisión permanente
La comisión permanente del CGPJ se vio dividida en dos bloques tras un intenso debate. Los vocales progresistas abogaron por la necesidad de tomar medidas contra Peinado, considerándolo desconsiderado hacia los agentes, mientras que el sector conservador argumentó que investigar al juez interfiere en su labor jurisdiccional. Después de un intercambio de opiniones «civilizado pero duro», fue Perelló quien tomó la decisión final, evidenciando la inquietud existente en el órgano de gobierno de los jueces.
Citación a Begoña Gómez y medidas cautelares
La decisión del CGPJ coincide con la citación a Begoña Gómez para que entregue su pasaporte, en el marco de las medidas cautelares adoptadas en su contra por varios delitos relacionados con la corrupción, incluida la supuesta utilización de su relación con el presidente del Gobierno para beneficiarse en su carrera profesional.
Proceso a seguir y posibles sanciones
El caso ahora se remite al Promotor de la Acción Disciplinaria, quien evaluará si las declaraciones de Peinado constituyen una falta grave hacia la Policía Nacional, de acuerdo con la Ley Orgánica del Poder Judicial. Las sanciones podrían variar desde una advertencia hasta la suspensión o incluso la expulsión de la carrera judicial. Sin embargo, dado que Peinado se jubila en septiembre, es improbable que enfrente una sanción antes de su salida.
Reacciones y quejas que motivaron la investigación
Este desarrollo se produce tras un fin de semana agitado, donde el ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska, presentó una queja formal sobre el auto de Peinado, alegando que cuestionaba la profesionalidad de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado. También se sumó la queja del abogado de Gómez, quien argumentó que las acciones del juez vulneraban el derecho a la defensa. Las declaraciones de Peinado, que insinuaban la posibilidad de que los agentes colaboraran en una fuga, provocaron el descontento en la Dirección General de la Policía Nacional, que defendió el honor y la profesionalidad de sus miembros.
