El Congreso analiza los riesgos de la regularización masiva de inmigrantes
Desde este lunes, la Comisión Mixta de Seguridad Nacional ha iniciado una ponencia dedicada a examinar los posibles riesgos asociados al proceso de regularización extraordinaria de inmigrantes implementado por el Gobierno. Esta iniciativa, respaldada por los votos del Partido Popular (PP) y Vox, comenzará con la intervención de Carlos Alberto Prieto Conesa, secretario general del Sindicato Unificado de Policía (SUP), y Juan Antonio Segura Lucas, comisionado de Sostenibilidad de la Plataforma del Tercer Sector de Acción Social (CEPAIM).
Expertos en seguridad y representantes sociales participarán en las sesiones
La lista de comparecientes incluye a destacados expertos en seguridad, como Francisco Javier Marín, director del Centro de Inteligencia contra el Terrorismo y el Crimen Organizado (CITCO), y Hans Lejtens, director de la Agencia Europea de la Guardia de Fronteras y Costas (Frontex). Además, se contará con la participación de representantes de organizaciones sociales que se dedican a la atención de personas extranjeras, como la Fundación CEPAIM, y de asociaciones del movimiento migrante, como SOS Racisme Catalunya. También se sumarán académicos, entre ellos Javier de Lucas, catedrático de Filosofía del Derecho y especialista en derechos humanos, y Gemma Pinyol-Jiménez, experta del Consejo de Europa en el programa de Ciudades Interculturales. En total, 25 expertos expondrán sus opiniones en el Congreso en los próximos meses.
Perspectivas y plazos del informe final
El trabajo de esta ponencia, presidida por la diputada del PP Eduarne Uriarte, se extenderá más allá del actual periodo de sesiones que concluye en julio. Una vez finalizadas las comparecencias, se elaborará un informe definitivo que será presentado a la Comisión Mixta de Seguridad Nacional para su votación. Este calendario podría coincidir con los plazos del proceso de regularización, ya que los solicitantes tienen hasta el 30 de junio para iniciar el trámite de autorización de residencia temporal, el cual debe resolverse en un plazo máximo de tres meses.
El Tribunal Supremo examina el procedimiento extraordinario
Por otro lado, el Tribunal Supremo tiene programado estudiar esta semana la posibilidad de suspender el procedimiento de regularización. Este recurso ha sido interpuesto por la Comunidad de Madrid, Vox y varias asociaciones, y fue previamente rechazado por la Abogacía General del Estado, que considera que no existen requisitos legales para una suspensión cautelar. Según su argumentación, los permisos de residencia podrían ser revertidos si el Supremo decide posteriormente que el procedimiento debe ser cancelado, y enfatizan que la regularización no afectará a los servicios públicos. Sin embargo, una suspensión del proceso podría resultar en un daño significativo al interés general, tal como argumenta el Gobierno.
Aunque todavía no hay cifras oficiales sobre el número total de solicitudes, se sabe que en las primeras 24 horas del inicio del procedimiento, 13.500 personas solicitaron el permiso de residencia temporal a través de la plataforma telemática de Extranjería, y 19.600 más pidieron cita previa para realizar el trámite de manera presencial.
