Creación de un Comité de Supervisión para las Adjudicaciones de Viviendas de Protección Pública en Alicante
El Consell ha decidido establecer un comité de supervisión que se encargará de revisar todas las adjudicaciones de viviendas de protección pública (VPP) en respuesta a un escándalo que ha emergido en Alicante. Miguel Barrachina, portavoz del Gobierno valenciano, ha confirmado que todos los expedientes serán objeto de un análisis exhaustivo, tras la aparición de vínculos entre algunos beneficiarios y funcionarios del Ayuntamiento de Alicante y la Generalitat Valenciana.
Nuevas Medidas para Garantizar la Transparencia
Barrachina ha informado que, en adelante, ningún funcionario podrá validar las adjudicaciones de VPP de manera unilateral. La creación de este nuevo comité busca fortalecer el control interno, prevenir posibles conflictos de interés y asegurar la integridad del proceso. Entre los nombres implicados en la controversia se encuentran la exconcejal de Urbanismo Rocío Gómez, familiares de la dimitida directora general María Pérez-Hickman, un arquitecto municipal y la madre de los hijos del exjefe de gabinete de la Conselleria de Industria, Miguel Ángel Sánchez.
El portavoz ha garantizado que la supervisión se aplicará a los 140 expedientes de las VPP en Les Naus, aunque no ha confirmado si se llevarán a cabo devoluciones de viviendas ya adjudicadas. Barrachina ha indicado que el Gobierno autonómico actuará dentro de los límites establecidos por la legislación vigente.
Contexto del Escándalo y Acciones Tomadas
El origen de este proceso se remonta a 2018, cuando la promoción de estas viviendas fue impulsada por una cooperativa privada bajo un marco normativo aprobado en la anterior administración del Botànic, liderada por la izquierda. Hasta la fecha, el único caso irregular identificado involucra a un alto funcionario que no se inhibió en la tramitación de un expediente que afectaba a su entorno familiar. Este funcionario ha sido suspendido temporalmente de empleo y sueldo, y el caso ha sido remitido a la Fiscalía, lo que el actual Gobierno considera un paso significativo en comparación con gestiones anteriores.
Al ser interrogado sobre la dimisión de la exresponsable municipal de Urbanismo, Barrachina evitó establecer una relación directa con irregularidades administrativas, aclarando que, según la información disponible, el acceso a la vivienda ocurrió antes de que esta asumiera su cargo y que, hasta el momento, no se ha constatado incumplimiento legal.
Reacciones Políticas y Contexto de Vivienda en la Comunitat Valenciana
La oposición ha exigido responsabilidades políticas, centrando su atención en el alcalde de Alicante y solicitando su dimisión. Sin embargo, desde el Consell se rechaza esta posibilidad, defendiendo que la actuación ha sido rápida y decidida tras la detección del posible conflicto.
Durante su intervención, Barrachina también resaltó que el actual Gobierno autonómico ha promovido la construcción de 4.400 viviendas públicas en diversas fases, en contraposición a la falta de nuevas promociones en la etapa anterior. La revisión de las VPP de Alicante se produce en un contexto social delicado, caracterizado por el aumento de precios tanto en la compra como en el alquiler de viviendas, además de una oferta limitada en varias ciudades de la Comunitat Valenciana.
Mientras se lleva a cabo la auditoría de los 140 expedientes de Les Naus, la atención política y mediática permanecerá centrada en Alicante, en medio de un caso que entrelaza la gestión administrativa, posibles conflictos de interés y la rendición de cuentas a nivel político.
