El Gobierno de Sánchez adeuda 250 millones a los municipios de Castellón por IVA e IRPF
El PP llama a una «alianza institucional» para combatir la «asfixia» económica
Salvador Aguilella, secretario general del Partido Popular de Castellón, ha presentado una propuesta de «alianza institucional» dirigida a mitigar la «asfixia social» que, según él, el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, está imponiendo a la provincia. Aguilella hizo este anuncio acompañado por portavoces del PP de diversas localidades, como Vila-real, Altura, Sant Mateu, Cabanes, Vilafamés, l’Alcora, Bejís, Teresa y la Vall d’Uixó, subrayando que este «castigo» afecta a toda Castellón y que es necesario unirse en la defensa de los derechos de los ciudadanos.
Desde el PP han destacado que, a raíz de la aprobación de los últimos presupuestos del Gobierno, los ciudadanos de Castellón han visto un aumento significativo en la carga impositiva, con un incremento del 57% en los impuestos, mientras que las transferencias por Participación en los Tributos del Estado han permanecido congeladas. Esta disparidad ha generado lo que ellos consideran un «castigo intolerable», en el que los castellonenses contribuyen con más recursos y reciben menos a cambio.
Impacto en las finanzas municipales
El Partido Popular ha señalado que en 2026, los ayuntamientos de la provincia han dejado de percibir 20,7 millones de euros que, por ley, les corresponden debido a la recaudación de impuestos como el IRPF y el IVA. Desde 2023, el total de esta deuda acumulada supera los 250 millones de euros. Según Aguilella, estos fondos pertenecen a los ciudadanos de Castellón y podrían estar destinados a inversiones y recursos que mejoren su calidad de vida. Por ello, el PPCS tiene la intención de reclamar, a través de iniciativas institucionales, la actualización inmediata de estas transferencias, aplicando criterios que reflejen la realidad actual.
El PP también ha resaltado que Castellón ha experimentado un crecimiento poblacional en los últimos años, lo que implica que el Gobierno recibe más ingresos por recaudación y un mayor número de contribuyentes. Sin embargo, las contribuciones siguen basándose en criterios desactualizados que no reflejan la realidad de la provincia.
Testimonios de distintas localidades
Adrián Casabó, representante en Vila-real, ha destacado que la ciudad enfrenta una deuda cercana al millón de euros en lo que va de año, acumulando un total de 12,3 millones desde 2023. «Exigimos que el PSOE cumpla con sus obligaciones, mientras el alcalde permanece en silencio, los vecinos son los que sufren», ha señalado.
En la Vall d’Uixó, Herminio Serra ha indicado que durante 2026 se han dejado de ingresar 200.000 euros solo en abril, sumando un total de 550.000 euros en los primeros cuatro meses del año, lo que eleva la deuda a más de 7,8 millones desde 2023.
Para l’Alcora, el «castigo» asciende a 155.000 euros en 2026 y más de 2,2 millones desde hace tres años. Javier Peris ha instado al alcalde a unirse a esta demanda en lugar de someterse a la situación. «Invitamos a Samuel Falomir a levantarse y luchar por lo que los ciudadanos de l’Alcora merecen», ha añadido.
Lucía García, representante de Cabanes, ha manifestado que su localidad ha dejado de recibir 61.000 euros en 2026, superando los 600.000 desde 2023, y ha pedido que se defiendan los derechos de los vecinos. Carlos Punter, de Altura, ha denunciado que más de 800.000 euros adeudados a las familias de su pueblo no se han reclamado adecuadamente.
Marisa Torlà, de Vilafamés, ha exigido el ingreso inmediato de 330.000 euros que el Gobierno central adeuda desde 2023. «Esta deuda no solo afecta a nuestro municipio, sino a toda la provincia, donde la deuda total con la Diputación de Castellón supera los 130 millones de euros», ha explicado.
Finalmente, Vicente Pascual, portavoz de Sant Mateu, ha exigido el pago inmediato de 390.000 euros que la localidad ha dejado de recibir desde 2023, destacando que el PP está llevando a cabo proyectos importantes en la zona, como la construcción de una residencia.
Laura Gómez, de Bejís, ha resaltado que los 71.000 euros que el PSOE debe desde 2023 podrían mejorar significativamente la vida de los vecinos y ayudar a frenar la despoblación. Francisco Javier Mengual Alcaide, portavoz del PP en Teresa, ha recordado que su localidad también enfrenta una deuda de 65.000 euros desde 2023, enfatizando que este dinero es de los ciudadanos y debe ser reclamado.
