Investigación de las cuentas bancarias del novio de la presidenta madrileña
El juez Antonio Viejo ha dado luz verde a la Unidad Central Operativa de la Guardia Civil (UCO) para llevar a cabo una indagación exhaustiva sobre las cuentas bancarias de Alberto González Amador, pareja de Isabel Díaz Ayuso, presidenta de la Comunidad de Madrid. Esta autorización se produce tras el primer requerimiento presentado el pasado mes de diciembre, en el contexto de una investigación que busca esclarecer si González Amador realizó pagos irregulares por valor de 500.000 euros a un alto directivo de Quirón a cambio de contratos en el sector sanitario.
Detalles de la investigación
La diligencia permite al juez solicitar información sobre los movimientos y saldos de González Amador desde el 1 de enero de 2014 hasta la fecha actual, abarcando un total de 16 entidades bancarias. Esta investigación se enmarca dentro de uno de los dos procedimientos judiciales en los que se encuentra implicado, donde se examina si se utilizaron determinadas sociedades para ocultar el pago de comisiones asociadas a contratos con la mencionada cadena sanitaria.
El segundo procedimiento, bajo la dirección de la magistrada Inmaculada Iglesias, investiga a González Amador por un supuesto fraude fiscal de 350.000 euros y falsificación de documentos, relacionado con la evasión de impuestos a través de estructuras empresariales. Este caso ha tenido repercusiones significativas, incluyendo la condena por revelación de información reservada de Álvaro García Ortiz, exfiscal general del Estado.
Objetivo de la investigación
La finalidad de la diligencia ordenada por el juez Viejo es determinar si el investigado se benefició económicamente de la supuesta comisión a través de la venta de material sanitario y otros servicios profesionales. Según el auto judicial, el análisis detallado de sus cuentas ayudará a elaborar un inventario real de los bienes de González Amador y su entorno cercano, con el fin de identificar posibles incrementos desmesurados de su patrimonio.
Transacción sospechosa
Los investigadores han señalado la adquisición por parte de González Amador de la empresa Círculo de Belleza S.L., una firma de cosmética con escasa facturación, por un importe de 500.000 euros a Gloria Carrasco Fernández. A pesar de que Carrasco negó que esta transacción encubriera una comisión, el juez ha expresado que no existen pruebas objetivas que justifiquen tal valor de mercado.
La investigación también ha puesto bajo la lupa si esta operación podría haber sido una estrategia para disimular el pago a Fernando Camino Maculet, esposo de Carrasco y presidente de Quirón Prevención.
Avances en la investigación y limitaciones impuestas
La pieza separada que investiga a González Amador, abierta formalmente en marzo del año pasado, examina posibles delitos de corrupción y administración desleal. La Fiscalía sostiene que el empresario pagó un precio desproporcionado por una empresa sin viabilidad como forma de encubrir un soborno al directivo de Quirón.
A pesar de la autorización para investigar sus movimientos bancarios, el juez no ha permitido la revisión de su información fiscal ni datos de la Seguridad Social, considerando que primero es necesario conocer los resultados de las indagaciones en las cuentas. Posteriormente, si se considera oportuno, se podría extender el examen a otras áreas.
Contexto de la empresa en cuestión
Informes de la Agencia Tributaria indican que Círculo de Belleza S.L. era un pequeño centro de estética que, en el año previo a la compra, apenas había generado ingresos superiores a 29.000 euros. Este dato ha suscitado dudas sobre la legitimidad de los 500.000 euros pagados por la empresa matriz de González Amador. La defensa de González Amador ha argumentado que el precio se justificaba por diversas «prestaciones accesorias» incluidas en el contrato de compraventa.
Sin embargo, los investigadores de la UCO y los peritos de Hacienda sospechan que la operación puede haber sido una fachada para el retorno de fondos en un momento de elevada liquidez para González Amador, utilizando la compra como una vía para canalizar un presunto soborno encubierto. Esta línea de investigación ha sido objeto de un recurso por parte del empresario, que busca frenar las indagaciones de la Guardia Civil sobre estas irregularidades.
