El PP critica el «espectáculo mediático» del PSPV y Compromís en relación al Consorcio Valencia 2007
La controversia surgida por la reubicación de los empleados públicos del Consorcio Valencia 2007 y la subsiguiente denuncia ante la Fiscalía por parte de Compromís ha acaparado la atención en el pleno del Ayuntamiento de Valencia. Este debate ha desencadenado intensas réplicas entre las formaciones políticas, llegando incluso a mencionarse antiguos escándalos relacionados con la gestión de Koldo y Ábalos en Adif. Desde la perspectiva del Partido Popular, tanto el PSPV como Compromís parecen estar más interesados en generar un «show mediático» que en abordar el problema real, al cual, según los populares, ellos mismos contribuyeron durante su gestión en el gobierno municipal.
La oposición, por su parte, exige responsabilidades de la alcaldesa, María José Catalá, y de su concejal de Grandes Proyectos, José Marí Olano, en relación a unos audios donde supuestamente se discute la reubicación de estos trabajadores en otras entidades municipales.
Responsabilidad de la oposición en la crisis del Consorcio
Juan Carlos Caballero, portavoz del equipo de gobierno, colocó el origen de la crisis en la anterior administración, donde PSPV y Compromís decidieron la liquidación del Consorcio. Según su argumento, este proceso generó expectativas infundadas entre los trabajadores al prometer una subrogación que posteriormente fue desestimada por la Abogacía del Estado. Como resultado, en el pleno de septiembre de 2024, ambos partidos presentaron una moción que proponía la reubicación de los empleados “a martillo y cuña”.
Caballero acusó a la oposición de intentar colocar a estos trabajadores “a dedo” en organismos públicos, desoyendo informes técnicos y advertencias legales. Defendió que la actuación del actual gobierno se ajustó a la legalidad y se basó en los consejos de expertos y servicios jurídicos competentes.
Además, criticó a PSPV y Compromís por acudir ahora a la Fiscalía, describiendo su actuación como un intento de desviar la atención tras haber sido ellos quienes, a su juicio, generaron el problema inicial. Recordó las palabras de Ferran Puchades, concejal de Compromís, que en un pleno de 2024 afirmó que en la administración española se puede hacer prácticamente de todo si hay voluntad.
Reacciones de la oposición ante las acusaciones
Ante estas afirmaciones, Papi Robles, portavoz de Compromís, defendió que su partido ha mantenido una posición clara: la creación de una entidad pública para La Marina y la garantía de la subrogación de todos los empleados. Robles denunció que el gobierno actual ha actuado de manera selectiva, beneficiando a ciertos trabajadores y sugiriendo posibles responsabilidades políticas para la alcaldesa en decisiones que ya están siendo objeto de investigación.
Robles también criticó la gestión interna del Ayuntamiento, alegando que existían presiones sobre los técnicos municipales y denunciando una falta de transparencia en las decisiones relacionadas con la reubicación del personal.
Por su parte, Borja Sanjuán, portavoz socialista, centró su atención en los audios de Olano, que, según él, podrían evidenciar irregularidades en la adjudicación de puestos públicos. Sanjuán instó a que el concejal implicado ofreciera una explicación directa y denunció que el gobierno intenta desviar la atención de la situación.
El dirigente del PSPV subrayó que las subrogaciones son legales siempre que se realicen conforme a la normativa, recordando ejemplos anteriores en el Ayuntamiento que no suscitaron controversias. Sin embargo, denunció que en este caso se habría actuado de manera arbitraria, excluyendo a parte de la plantilla mientras otros eran reubicados.
Un debate cargado de tensiones políticas
El debate culminó en un enfrentamiento directo, donde el PP acusó a la oposición de falta de credibilidad y de utilizar la apertura de diligencias como herramienta política. Caballero sugirió que, si se aplicara el mismo criterio a la gestión del Gobierno de España, muchos ministros quedarían sin su cargo.
