El PP solicita la imputación de la cúpula de la Guardia Civil por vínculos con las ‘cloacas’
El Partido Popular ha solicitado al juez Santiago Pedraz que convoque a la actual directora general de la Guardia Civil, Mercedes González, a su predecesor, Leonardo Marcos, y al director adjunto operativo, Manuel Llamas, para ser investigados por su presunta conexión con las ‘cloacas’ del PSOE. La acusación popular unificada sostiene que los altos mandos del instituto armado no permanecieron ajenos a las maniobras atribuidas a Leire Díez y su entorno, las cuales buscaban desacreditar a la Unidad Central Operativa (UCO) y frenar investigaciones que pudieran afectar al PSOE y al Gobierno de Pedro Sánchez.
Reuniones y presuntas colaboraciones
La acusación popular plantea indagar sobre la posible colaboración de Mercedes González con la red de Leire Díez, quien en su momento presumía de tener acceso directo a la directora y de poder informarle sobre los movimientos de la UCO. El sumario documenta tres encuentros entre González y Díez, celebrados entre septiembre de 2024 y abril de 2025. Aunque la directora confirmó los encuentros en el Senado, rechazó haber interferido en las investigaciones de la UCO. Afirmó: «Nunca he participado en ninguna trama o conspiración contra la Unidad Central Operativa». Además, indicó que rompió el contacto con Díez al abordarse el caso del comandante Rubén Villalba, investigado en la ‘trama Koldo’.
Mensajes y eliminaciones sospechosas
Los investigadores de la UCO han aportado información que sugiere que Díez transmitió a González datos obtenidos durante su supuesta actividad delictiva, con la Guardia Civil, y específicamente la UCO, como uno de sus objetivos. En los mensajes incluidos en la causa, se destaca una conversación del 9 de mayo en la que Leticia de la Hoz, abogada de Koldo García, envió a Leire información sobre la unidad, sugiriendo que se la pasara a Mercedes para conocer su opinión. La respuesta de Leire fue inmediata, indicando que ya había hecho el envío.
Dos días después, el 11 de mayo, la UCO detectó mensajes automáticos entre Díez y González que parecía indicar la eliminación de conversaciones previas y la activación de un borrado automático de mensajes a las 24 horas. Este aspecto se ha incorporado a la solicitud del PP de nuevas diligencias.
Instrucciones de cautela en procedimientos políticos
Un testimonio clave proviene de un mando de la Guardia Civil que aseguró que el 16 de julio de 2024, en una reunión en la UCO, se comunicó que en procedimientos con «afectación política» no debía haber proactividad y que la iniciativa debía recaer en la autoridad judicial. Esta directriz surgió en el contexto de la investigación sobre David Sánchez, hermano del presidente del Gobierno.
Gestión de documentos internos y campañas de desacreditación
Leonardo Marcos también aparece en la cronología de estos eventos. El 12 de julio de 2024, tras conocer una propuesta de la UCO relacionada con la investigación sobre el hermano de Sánchez, se mostró «indignado», describiendo la solicitud como «totalmente prospectiva y malintencionada», y exigió que se elaborara un informe que concluyera que no había nada que investigar.
El PP ha señalado también la gestión de una nota interna de la Jefatura de Información, fechada el 29 de abril de 2025, que advertía sobre una campaña «muy directa y agresiva» destinada a desacreditar las investigaciones de corrupción de la UCO y a algunos de sus agentes. La acusación sostiene que dicha nota fue ocultada a la UCO durante diez días. Testigos en el sumario han confirmado que la información apuntaba a una estrategia para atacar la reputación de los investigadores de la unidad.
Además, se han documentado tres investigaciones reservadas abiertas contra la UCO en un periodo de nueve meses, lo que indica un patrón de hostigamiento hacia esta unidad. Estos acontecimientos han llevado al PP a solicitar una revisión exhaustiva de las diligencias pertinentes.
