Solicitud de Comparecencia de Juanfran Pérez Llorca
El presidente de la Generalitat Valenciana, Juanfran Pérez Llorca, se encuentra en el punto de mira del PSPV de la Diputación de Alicante, que ha anunciado su intención de solicitar su comparecencia en la comisión encargada de investigar el programa de bonos de consumo. Esta solicitud se fundamenta en su gestión como alcalde de Finestrat, puesto que ocupó hasta finales del año pasado, antes de asumir la presidencia del Consell.
Gestión de Bonos en 2022
El grupo socialista ha destacado que, durante su mandato, el entonces alcalde del Partido Popular colaboró con la Federación Alicantina de Comercio de la Pyme (Facpyme) en la implementación de este programa en 2022. La comisión de investigación se establecerá en breve, en un contexto marcado por una causa judicial que está investigando posibles irregularidades en la administración de los bonos por parte de la Diputación para los municipios de la provincia entre 2022 y 2023.
Implicaciones y Responsabilidades
Hasta el momento, únicamente el presidente de la Cámara de Comercio de Alicante y de Facpyme, Carlos Baño, figura como imputado en este procedimiento. Baño ha manifestado su disposición a comparecer ante la comisión. Por su parte, el diputado socialista Raúl Ruiz ha enfatizado la necesidad de que otros alcaldes que no son miembros de la comisión también se presenten para ofrecer aclaraciones sobre la gestión de estos bonos en sus localidades.
Ruiz ha subrayado que es esencial que aquellos en posiciones de responsabilidad contribuyan a esclarecer los hechos y a garantizar la máxima transparencia ante la ciudadanía. Desde el grupo socialista, han reafirmado su compromiso con la transparencia, la rendición de cuentas y el buen gobierno, asegurando que continuarán trabajando para esclarecer la situación y establecer responsabilidades políticas, así como para implementar medidas que promuevan una gestión más transparente en el futuro.
Compromiso con la Transparencia
Finalmente, Ruiz ha señalado que la ciudadanía tiene derecho a conocer cómo se han gestionado los fondos y si los procedimientos empleados han sido los adecuados. Reiteró que este asunto no es una cuestión de partisanos, sino un esfuerzo por reforzar la confianza en las instituciones públicas y asegurar que cada euro se utilice en beneficio del interés general.
