El Senado eleva un conflicto con el Gobierno al Tribunal Constitucional
En una decisión significativa, el presidente del Senado, Pedro Rollán, ha anunciado que la Cámara Alta presentará un conflicto de atribuciones ante el Tribunal Constitucional. Este paso se produce debido a la falta de cumplimiento del Gobierno en su obligación de presentar el proyecto de ley de Presupuestos Generales del Estado (PGE) para 2026 ante las Cortes Generales. Esta iniciativa fue impulsada por el Partido Popular (PP), que solicita la anulación de las prórrogas presupuestarias vigentes.
Impulso del Partido Popular
El PP, con su mayoría en el Senado, aprobó hace dos meses este conflicto durante una sesión plenaria con el objetivo de instar al Ministerio de Hacienda a que presente los Presupuestos correspondientes a este año sin más dilaciones. Según el procedimiento establecido para conflictos de atribuciones, la Cámara Alta asumió la iniciativa y la remitió al Ejecutivo.
El Gobierno contaba con un plazo de un mes para responder a la solicitud, aunque tenía la opción de no hacerlo. No obstante, hasta la fecha, no se ha presentado el proyecto de ley de Presupuestos, lo que ha llevado al Senado a elevar el asunto al Tribunal Constitucional.
Obligaciones constitucionales y advertencias del PP
En el documento que respalda el conflicto de atribuciones, el PP sostiene que el Senado no puede tolerar el incumplimiento de la obligación constitucional que recae sobre el Gobierno, subrayando que este tiene el deber de elaborar y presentar los Presupuestos. Además, el partido destaca que no se puede aceptar la modificación presupuestaria al margen del Parlamento, lo que consideran un acto contrario al principio de legalidad.
La situación actual, donde se prorrogan los Presupuestos de 2023, es comparada por el PP con la crisis de 2020, cuando se mantuvieron los Presupuestos de 2018 debido a la pandemia. La formación política argumenta que, a diferencia de aquella situación, no existe justificación válida para la falta de presentación de los nuevos Presupuestos, más allá de posibles desacuerdos políticos.
Solicitud al Tribunal Constitucional
El Senado solicita al Tribunal Constitucional que declare que el Gobierno ha infringido la atribución constitucional del Senado en lo que respecta a la aprobación y modificación de los PGE. Además, se pide que se reconozca la inconstitucionalidad de las prórrogas de la Ley 31/2022, que abarca los Presupuestos Generales para el año 2023 y que se extienden hasta 2026.
Por último, el Senado solicita que se establezca un plazo máximo para que el Gobierno cumpla con su deber constitucional en el ámbito de la elaboración presupuestaria, subrayando la urgencia de esta situación para el correcto funcionamiento de las instituciones democráticas.
