Análisis del Tribunal Supremo sobre la Nota de Prensa del Fiscal General
La reciente sentencia del Tribunal Supremo que condenó a Álvaro García Ortiz, exfiscal general del Estado, incluye un detallado análisis de la nota de prensa emitida por la Fiscalía Provincial de Madrid el 14 de marzo de 2024. Esta comunicación, según García Ortiz, tenía como objetivo desmentir una información errónea propalada por Miguel Ángel Rodríguez, que afirmaba que la Fiscalía había cancelado un acuerdo con el novio de Isabel Díaz Ayuso, acusado de delitos fiscales, tras descubrir su relación con la presidenta del PP. No obstante, la sala del Tribunal sostiene que dicho comunicado, en realidad, «consolida» la filtración y la «oficializa», convirtiéndose en un componente de una acción delictiva.
Mientras la mayoría de los magistrados considera que la nota representa un delito que infringe derechos fundamentales, el Voto Particular, liderado por las magistradas Susana Polo y Ana Ferrer, argumenta que esta comunicación fue un acto necesario para asegurar la transparencia institucional. A continuación, se examinan las diferentes perspectivas sobre este asunto.
Defensa de la Institucionalidad
Las magistradas en disidencia sostienen que la emisión de la nota era la única opción legal disponible para proteger a la institución de una campaña de desinformación que acusaba erróneamente a los fiscales de irregularidades. A su juicio, el deber de confidencialidad puede ser dejado de lado cuando se trata de resguardar el interés público y la confianza en las instituciones democráticas.
El 23 de enero de 2024, la Sección de Delitos Económicos de la Fiscalía Provincial de Madrid inició una investigación penal tras recibir un escrito de denuncia de la Agencia Tributaria, que indicaba posibles delitos de defraudación fiscal y falsedad documental.
El 2 de febrero de 2024, el abogado defensor del Sr. Alberto González Amador contactó a la Fiscalía para proponer un acuerdo que implicaba el reconocimiento de los hechos delictivos a cambio de una sanción penal.
Transformación de Rumores en Confirmación
El tribunal argumenta que, aunque los medios de comunicación ya habían divulgado filtraciones sobre el caso, la nota oficializó esos rumores al confirmar la culpabilidad del investigado antes de que se llevara a cabo un juicio. Al validar institucionalmente que el acusado había admitido los delitos, se infringió su presunción de inocencia.
La propuesta de conformidad del abogado defensor reconoció que González Amador había cometido «dos delitos contra la Hacienda Pública por el Impuesto sobre Sociedades» en 2020 y 2021.
Divulgación Injustificada de Información Confidencial
El análisis del tribunal revela que la nota de prensa divulgó información sobre una negociación de conformidad, vulnerando así un deber de confidencialidad. La sentencia establece que esta información estaba protegida bajo protocolos de actuación de la Fiscalía y del Consejo General de la Abogacía.
El 7 de febrero de 2024, el fiscal a cargo concluyó las diligencias de investigación y decidió presentar una denuncia contra González Amador por «delitos de defraudación tributaria y falsedad documental».
Para desmentir la noticia falsa, el tribunal concluye que no era necesario detallar el reconocimiento de los delitos. Bastaba con negar la acusación sin presentar al investigado como un «delincuente confeso».
Ausencia de Revelación Nueva
Los magistrados en disidencia argumentan que la nota no proporcionó información nueva, pues los datos ya habían sido ampliamente publicados por la prensa. Consideran que no se puede revelar información que ya es de dominio público y que la comunicación se limitó a una exposición neutral de hechos verificados.
En definitiva, el único acuerdo de conformidad hasta la fecha fue el propuesto por el abogado de González Amador el 2 de febrero de 2024.
Limitaciones del Deber de Informar
La sentencia también examina el artículo 4.5 del Estatuto Orgánico del Ministerio Fiscal, que establece el deber de informar a la opinión pública. El tribunal concluye que este deber no es absoluto y debe respetar los derechos de los ciudadanos, impidiendo que se convierta en un medio para participar en polémicas mediáticas a expensas de estos derechos.
Finalmente, se aclara que esta comunicación no puede considerarse como la publicación oficial de un documento público. La divulgación de datos personales incluidos en el documento se hace en cumplimiento de funciones institucionales y bajo estrictas regulaciones de protección de datos.
La sentencia revela que, la noche del 13 de marzo, la directora de comunicación de la Fiscalía, Mar Hedo, redactó la nota informativa siguiendo instrucciones del fiscal general del Estado, en respuesta a informaciones previas que aseguraban que se había ofrecido un pacto de conformidad al novio de la presidenta madrileña.
