Regreso al Trabajo del Funcionario Suspendido en Alicante
El funcionario de la Conselleria de Vivienda, que había sido suspendido de empleo y sueldo tras la investigación de las adjudicaciones de viviendas de protección pública (VPP) en el residencial Les Naus, ha retomado su actividad laboral. Sin embargo, se le ha asignado un conjunto de tareas «muy distintas» a las que desempeñaba anteriormente. Esta información fue comunicada por el portavoz del Consell, Miguel Barrachina, durante una rueda de prensa posterior al pleno del ejecutivo valenciano en Alicante.
Detalles de la Investigación Judicial
El director territorial de Vivienda compareció ante la magistrada que dirige la investigación relacionada con las adjudicaciones de la promoción situada en la Playa de San Juan. En su testimonio, mencionó que el funcionario suspendido había admitido su error, expresando que «lo siento, la he cagado y asumiré todas las responsabilidades». Además, otros dos técnicos de la Conselleria corroboraron que este trabajador revisó «personalmente» los expedientes de la promoción por iniciativa propia. Cabe destacar que una de las personas beneficiarias de una VPP en Les Naus es la pareja del funcionario en cuestión, quien trabaja como arquitecta en el Ayuntamiento de Alicante.
Derechos del Funcionario y Medidas Adoptadas
Barrachina subrayó que el regreso del funcionario a su puesto es un derecho que le asiste, enfatizando que no estará involucrado en actividades relacionadas con la causa por la que fue suspendido. Aclaró que, dado que existe un procedimiento judicial en curso, la acción administrativa correspondiente ha sido detenida, lo que permite al funcionario volver a su lugar de trabajo, aunque bajo funciones diferentes que no fueron especificadas.
Reacción del Ayuntamiento de Alicante
El portavoz del gobierno valenciano defendió las acciones rápidas y decisivas del Ayuntamiento de Alicante y del alcalde Luis Barcala en relación con la controversia sobre las VPP, indicando que se actuó con una «determinación» que no había sido vista anteriormente. En este contexto, Barrachina contrastó la rapidez de estas acciones con casos de mayor complejidad, como el relacionado con el supuesto encubrimiento de abusos sexuales a una menor tutelada por el exmarido de la exvicepresidenta del Consell, Mónica Oltra, que tuvo lugar entre 2016 y 2017.
