Familiares de víctimas de la dana exigen justicia tras la falta de investigación al Gobierno
Las asociaciones Unión del Pueblo 29 y Solo el Pueblo Salva al Pueblo, que representan a los familiares de quienes perdieron la vida y a los afectados por la dana ocurrida el 29 de octubre de 2024, han emitido un contundente manifiesto en el que critican la investigación judicial, a la que consideran “politizada”. Según estas organizaciones, el proceso judicial ha sido diseñado para eludir la responsabilidad de las autoridades gubernamentales en relación con la tragedia.
Un proceso judicial insatisfactorio
Después de 16 meses de movilizaciones y acciones legales, los colectivos afirman que la instrucción llevada a cabo por la magistrada Nuria Ruiz Tobarra en los juzgados de Catarroja parece estar orientada a evitar que se investiguen los hechos y que se sancione a los responsables dentro de la administración pública. La jueza ha desestimado todas las solicitudes de imputación dirigidas a los altos cargos del Gobierno central y ha optado por no indagar sobre las posibles consecuencias penales de la falta de ejecución de obras en los barrancos, las cuales, según diversos estudios, podrían haber salvado vidas. En cambio, la instrucción se ha centrado en el retraso en el envío del mensaje de alerta a la población, atribuyendo la responsabilidad de las 230 muertes a la supuesta negligencia de dos altos funcionarios de la Consellería de Emergencias.
Denuncias de irregularidades y una movilización inminente
Las decisiones de la jueza han llevado a la presentación de dos querellas por posible prevaricación y han suscitado quejas ante el Consejo General del Poder Judicial (CGPJ), que actualmente está investigando el asunto. Ante esta situación, las organizaciones de familiares de víctimas y afectados han decidido elevar su voz en protesta.
En su comunicado, denuncian que la judicialización del caso parece responder a un acuerdo político que podría resultar en la impunidad de varios responsables institucionales, incluyendo al presidente de la Generalitat, Carlos Mazón, así como a la Confederación Hidrográfica del Júcar y otras administraciones. La dana dejó un trágico saldo de 230 fallecidos y más de 500,000 personas afectadas, muchas de las cuales quedaron sin acceso a servicios básicos durante semanas.
Además, las asociaciones han señalado “irregularidades y delitos” por parte de la jueza instructora, lo que ha motivado un aumento en sus actividades de protesta. Según su manifiesto, estas acciones parecen estar dirigidas a silenciar mediáticamente y judicialmente lo sucedido.
Convocatoria de manifestación por verdad y justicia
Como respuesta a esta situación, ambas organizaciones han convocado una manifestación para el próximo 29 de marzo a las 12:00 horas frente al Tribunal Superior de Justicia de la Comunidad Valenciana. El propósito de esta concentración es exigir verdad y justicia, así como solicitar una investigación exhaustiva sobre los errores y responsabilidades que llevaron a la catástrofe.
Durante la protesta, se espera que más de diez familias de víctimas, junto a sus representantes legales, compartan públicamente su versión de los hechos. La movilización será encabezada por el lema “¡Que caigan todos!”, que resume su demanda de rendición de cuentas tanto a nivel político como judicial. El manifiesto concluye con un llamado a la unidad ciudadana: “Todos juntos, por la verdad y justicia”, en lo que se perfila como una de las manifestaciones más significativas desde el trágico evento.
