Álvaro García Ortiz: Homenaje en Madrid tras su condena
El ex fiscal general del Estado, Álvaro García Ortiz, hizo su retorno a la vida pública en un acto celebrado este jueves, donde se presentó un manifiesto en su defensa, en el que 150 juristas de orientación progresista expresaron su rechazo a la condena impuesta por el Tribunal Supremo en diciembre pasado. Esta sentencia, relacionada con la revelación de secretos en el caso del empresario Alberto González Amador, pareja de Isabel Díaz Ayuso, presidenta de la Comunidad de Madrid, ha sido calificada de «inaceptable» y un «golpe a la confianza institucional».
Un acto de reivindicación
El evento tuvo lugar en el Ateneo de Madrid y contó con la participación de destacados juristas. Paquita Sauquillo, reconocida abogada laboralista, inició el acto resaltando la «dignidad» con la que García Ortiz ha enfrentado el proceso penal. Manuel de la Roca, ex alcalde de Fuenlabrada y ex consejero de Educación, fue uno de los primeros en tomar la palabra, calificando la sentencia de «indignante» y describiendo la inhabilitación de García Ortiz como un «hecho bochornoso» que llevó a su dimisión.
Críticas al proceso judicial
Pepa Berdugo García-Maestro, vicepresidenta de la Unión Progresista de Fiscales, también expresó su preocupación, señalando que tanto el proceso como la sentencia han sido «inquietantes». Berdugo destacó el «maltrato institucional» que, a su juicio, ha sufrido el ex fiscal general. Joaquín Giménez, exmagistrado del Supremo, se unió a las críticas, afirmando que los jueces deben actuar independientemente de sus ideologías al emitir juicios.
Defensa de la presunción de inocencia
Nicolás Sartorius, abogado y político, defendió enérgicamente la presunción de inocencia de García Ortiz, calificando la resolución del Supremo de «aberración». Sartorius cuestionó la parte de la sentencia que atribuye responsabilidad al acusado y su entorno, destacando que no se habían presentado pruebas concretas suficientes.
Un manifiesto de apoyo
El acto culminó con la lectura del manifiesto titulado «Una sentencia inquietante», que reúne las firmas de 150 juristas, incluidos catedráticos, abogados y magistrados jubilados. En este documento se denuncia la grave vulneración del principio de presunción de inocencia y el derecho ‘in dubio pro reo’, argumentando que la condena se basa en conjeturas e indicios insuficientes que no superan el umbral de la mera sospecha.
Los firmantes concluyen que esta sentencia representa un «golpe a la confianza institucional» y un «menoscabo» al secreto profesional periodístico, instando a que sea anulada en instancias superiores por no haber acreditado la culpabilidad más allá de toda duda razonable.
