Defensa de Barcala y la Generalitat en el Escándalo de VPP en Alicante
El debate en torno a las adjudicaciones de viviendas de protección pública (VPP) en el residencial Les Naus, ubicado en Playa de San Juan, sigue generando controversia en Alicante. Carmen Fúnez, vicesecretaria de Políticas Sociales del Partido Popular (PP), ha salido en defensa del alcalde de Alicante, Luis Barcala, y del gobierno de la Generalitat Valenciana, destacando su actuación «contundente y transparente» ante las irregularidades detectadas en la entrega de viviendas a funcionarios municipales y personas relacionadas con ellos.
Investigación y Medidas Implementadas
Fúnez destacó que la Generalitat ha iniciado una exhaustiva investigación sobre los expedientes de VPO implicados, revisando cada caso y suspendiendo a un funcionario señalado en el escándalo. Este empleado, que fue “promocionado por el Botànic”, se encuentra actualmente “suspendido de empleo y sueldo” mientras la Fiscalía lleva a cabo su investigación.
Además, el Consell ha puesto en marcha cambios organizativos destinados a mejorar el control y la transparencia en las futuras adjudicaciones. Una de las medidas es la creación de una «mesa de verificación», que se encargará de validar los expedientes de manera conjunta, evitando así que la responsabilidad recaiga en un único funcionario y minimizando las posibilidades de errores o irregularidades.
Compromiso con la Transparencia
Durante su comparecencia ante los medios en València, Fúnez aseguró que se ha actuado con «auténtica contundencia y transparencia», informando continuamente sobre los pasos dados en este proceso.
Al ser cuestionada sobre la posible responsabilidad del alcalde Barcala, Fúnez afirmó que este ha tomado decisiones firmes en las últimas semanas. También mencionó que desconocía la reciente noticia relacionada con una VPO que pertenece a la esposa de Barcala, la cual se encuentra en alquiler y nunca ha sido habitada por ella.
Mensaje de Diligencia
Con estas declaraciones, el PP busca transmitir un mensaje de control y diligencia, enfatizando que tanto el gobierno local como el autonómico han respondido de manera rápida y efectiva ante las irregularidades detectadas. Mientras tanto, la investigación judicial continúa su curso, generando expectación sobre los resultados que puedan derivarse de esta situación.
