El Tribunal Supremo ratifica la sanción a una jueza por insultos a sus compañeros
El Tribunal Supremo ha respaldado la decisión de imponer una multa de 2.000 euros a una jueza de Nules, quien realizó comentarios despectivos y humillantes hacia varios miembros de su equipo. Entre los insultos que profirió se encuentran términos como «gilipollas», «vagos» y «carapolla», así como expresiones de contenido sexual dirigidas a un funcionario del juzgado.
Comportamiento inapropiado en el ámbito laboral
La Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Supremo desestimó el recurso presentado por la magistrada contra la resolución del Pleno del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ), que había rechazado previamente un recurso similar. La jueza, quien estuvo al frente del Juzgado de Primera Instancia e Instrucción Número 4 de Nules entre octubre de 2020 y noviembre de 2022, fue acusada de dirigirse de manera desconsiderada a sus colegas en múltiples ocasiones.
De acuerdo con la información presentada por la Comisión Disciplinaria, la magistrada utilizó apodos ofensivos y realizó comentarios degradantes hacia sus compañeros, incluyendo descalificaciones en reuniones privadas. En una ocasión, se reunió con varios empleados y expresó frases amenazantes como «aquí van a rodar cabezas» y «yo no soy vuestra amiga».
Comentarios de carácter sexual y humillaciones
La conducta de la jueza no solo se limitó a insultos verbales, sino que también incluyó comentarios sexuales reiterados hacia un funcionario, preguntándole abiertamente si «se le levanta». Además, le hizo regalos y le realizó preguntas inapropiadas sobre su vida personal.
En otro caso, humilló públicamente a este mismo funcionario al decirle que «no valía nada». Su comportamiento agresivo se extendió a otros compañeros, a quienes llamó «inútiles» y «ineptos» en presencia de otros colegas y del público.
Defensa y motivación del fallo del Tribunal
La magistrada argumentó que la resolución de la Comisión Disciplinaria carecía de una motivación adecuada, alegando que se basaba en una valoración general de la evidencia. Sin embargo, el Tribunal Supremo determinó que la resolución del CGPJ estaba debidamente fundamentada, aclarando que la disconformidad con las argumentaciones no equivale a una falta de motivación.
El Tribunal también destacó que un total de ocho funcionarios del juzgado habían denunciado el comportamiento de la magistrada ante las autoridades competentes. Asimismo, se consideró justificada la cantidad de 2.000 euros como sanción, subrayando que la Comisión Disciplinaria presentó una justificación extensa y adecuada para esta decisión.
