Convenio para el Control de Depuradoras en Alicante
El Consell ha dado luz verde a un convenio de colaboración que involucra a la Vicepresidencia Tercera, la Conselleria de Medio Ambiente, Infraestructuras, Territorio y Recuperación, la Entidad Pública de Saneamiento de Aguas Residuales de la Comunitat Valenciana (EPSAR) y la Diputación de Alicante. Este acuerdo delega en la Diputación las competencias para el control e inspección de las instalaciones de saneamiento y depuración en la provincia.
Delegación de Funciones y Eficiencia en la Gestión
La Diputación Provincial de Alicante asumirá la responsabilidad de supervisar estas instalaciones conforme a los términos establecidos en el convenio. Por su parte, la EPSAR se compromete a financiar los gastos generados por estos servicios de control. Esta delegación se apoya en la legislación de régimen local, que permite a las comunidades autónomas transferir funciones a las diputaciones provinciales. El convenio tiene una duración inicial de cinco años y establece los mecanismos de control de eficiencia que la Generalitat mantendrá.
La decisión de delegar estas competencias se basa en un análisis de costes realizado por la EPSAR, que indica que el costo de la gestión delegada es inferior al que implicaría una ejecución directa por parte de la entidad. Esto no solo optimiza recursos, sino que también contribuye a la sostenibilidad económica del servicio.
Financiamiento y Condiciones de Ejecución
La EPSAR destinará un total de 12.100.359 euros hasta 2030 para cubrir los gastos derivados del control de las instalaciones de saneamiento y depuración en Alicante. Los fondos se distribuirán anualmente, con límites establecidos para cada ejercicio, comenzando en 2026 con un presupuesto de hasta 2.118.921 euros.
Cada año, durante el primer trimestre, la Diputación presentará un informe de gastos del año anterior, que será evaluado para determinar la financiación correspondiente, siempre dentro de los límites establecidos.
El convenio, que tiene una vigencia inicial de cinco años, permite la posibilidad de prórroga por un periodo adicional de hasta cuatro años, o su extinción, previo aviso de seis meses. Este acuerdo representa un paso hacia una gestión más eficiente y sostenible de los recursos hídricos en la provincia de Alicante.
