Rechazo de la Diputación de Alicante a las acusaciones del PSPV sobre el bono comercio
La Diputación de Alicante ha respondido a las críticas formuladas por el PSPV-PSOE, que ha señalado a la institución provincial como responsable de presuntas irregularidades en la gestión de los bonos comercio durante 2022 y 2023 en varios municipios de la provincia. La vicepresidenta primera, Ana Serna, ha defendido la transparencia del proceso y ha asegurado que los ayuntamientos actuaron con plena autonomía en la implementación de las campañas.
Defensa de la autonomía municipal
Ana Serna, portavoz del equipo de gobierno, ha subrayado que fueron los propios consistorios quienes decidieron cómo llevar a cabo las iniciativas comerciales, sin ninguna presión o indicación por parte de la Diputación. En este sentido, ha acusado al PSPV de intentar dañar la reputación de la institución, afirmando que no hay fundamentos para tales acusaciones.
Desmintiendo vínculos con Facpyme
La vicepresidenta ha negado rotundamente que existiera una planificación destinada a favorecer a Facpyme o a la Cámara de Comercio como entidades encargadas de gestionar el Bono Consumo. Serna ha afirmado que en ningún momento se mencionaron estas entidades en las bases de la convocatoria ni en la promoción de la campaña, calificando las acusaciones de «absolutamente falsas».
Contexto y cumplimiento de la normativa
Serna ha explicado que la colaboración con Facpyme y la Cámara de Comercio se limitó a la representación de los intereses del sector comercial, quienes expresaron las dificultades que enfrentaban a causa de la pandemia y la crisis provocada por la guerra en Ucrania. La Diputación, ha reiterado, llevó a cabo la convocatoria conforme a la Ley de Subvenciones, asegurando que cada ayuntamiento recibió las ayudas que le correspondían y actuó de manera independiente en la gestión de los bonos.
Transparencia en la gestión de ayudas
La vicepresidenta ha enfatizado que, si las denuncias de la oposición fueran ciertas, los ayuntamientos habrían colaborado con estas entidades en la gestión de la campaña. Sin embargo, ha destacado que la mayoría de los consistorios optaron por no hacerlo. Además, ha recordado que la tramitación de las ayudas fue supervisada tanto por los servicios municipales como por la propia Diputación, garantizando así una gestión clara y controlada.
