La esposa de Santos Cerdán también recibió pagos sin justificar su trabajo
Un informe de la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil revela que Francisca Muñoz, esposa de Santos Cerdán, percibió 18.780 euros de una empresa sin haber trabajado realmente para ella. Este escándalo se une a otros casos relacionados con el conocido como ‘caso Koldo’, donde figuran otras parejas involucradas en situaciones similares.
Contratos laborales simulados
Según el estudio, una empresa vinculada al empresario Antxon Alonso, conocido socio de Cerdán, utilizó una contratación laboral ficticia para transferir a Muñoz unos 1.300 euros al mes. Los pagos se realizaron desde Lorgen Genética Proteómica S.L. entre febrero de 2023 y febrero de 2024. Sin embargo, cuando se le preguntó sobre su relación con la empresa, Muñoz afirmó que nunca había prestado servicios para ella y que no había tenido contacto con sus directivos.
Análisis de la situación
La UCO decidió investigar el origen de estos pagos tras la declaración de Muñoz. Lorgen defendió que la esposa de Cerdán había sido empleada por Universal Scale World S.L., otra sociedad que, según ellos, asumió activos y empleados de la anterior empresa. No obstante, los investigadores encontraron que Universal Scale World estaba administrada por una persona con la que Antxon Alonso tenía vínculos empresariales, lo que generó más dudas sobre la legalidad de la contratación.
Conclusiones del informe
El informe de la Guardia Civil sugiere que esta estructura empresarial fue creada para realizar pagos a Muñoz bajo la apariencia de un contrato laboral, sin que se haya encontrado evidencia de una prestación de servicios que justificara dichos ingresos. La respuesta de Francisca Muñoz fue clave en esta investigación, ya que no alegó haber trabajado a distancia ni desconocer el cambio de empleador; simplemente reiteró que nunca había trabajado para Lorgen.
Antecedentes laborales de Muñoz
Este no es el primer vínculo laboral de Francisca Muñoz con una empresa del entorno de Antxon Alonso. En 2018, trabajó durante cinco meses para Noran, una cooperativa asociada con el empresario, y recibió un total de 9.500 euros. En ese momento, la Guardia Civil ya había señalado que Noran dependía en gran medida de fondos provenientes de Servinabar, otra compañía bajo investigación por el supuesto pago de comisiones a cambio de adjudicaciones de obras públicas.
