Posible Revocación de la Instrucción Judicial en el Caso de la DANA
La jueza Nuria Ruiz Tobarra, encargada del Juzgado de Instrucción número 3 de Catarroja, ha solicitado al Ministerio Público que aclare su postura respecto a la reciente admisión del expresidente de la Generalitat Valenciana, Carlos Mazón, en el procedimiento judicial relacionado con la gestión de la tragedia que causó 230 muertes en Valencia. Este requerimiento se produce a raíz de un escrito de la Fiscalía que permite a Mazón personarse en el caso, lo que ha llevado a la magistrada a cuestionar la validez de las actuaciones previas que podrían comprometer su investigación.
Un Giro Potencial en la Investigación Judicial
En una reciente providencia, la jueza ha planteado un dilema crucial a la Fiscalía: decidir si las diligencias deben continuar o ser anuladas, junto con las pruebas ya recopiladas, dado que estas podrían exceder la autoridad del juzgado al involucrar a un aforado, como es el caso de Mazón en su calidad de diputado en Les Corts. Esta decisión podría transformar significativamente el curso de la investigación, afectando a la parte relacionada con el exjefe del Consell, cuya gestión ha sido objeto de escrutinio durante los últimos meses.
La solicitud de la Fiscalía de respaldar la incorporación de Mazón al caso ha sido un factor determinante en este nuevo desarrollo judicial. En su informe, el ministerio público ha señalado que algunas resoluciones anteriores podrían implicar indirectamente al exmandatario en la gestión de la crisis, lo que añade complejidad a la situación.
Plazo para la Fiscalía y Futuras Declaraciones
La jueza ha otorgado un plazo de tres días a la Fiscalía para que defina su posición: si apoyará la continuidad de las diligencias o pedirá su revocación total, lo que implicaría la eliminación de las pruebas ya obtenidas. Este episodio se inscribe en el contexto de un enfrentamiento judicial tras la negativa inicial de la jueza a permitir que Mazón se integrara en el procedimiento, basándose en que la figura del “testigo asistido” no se ajusta al marco jurídico español.
A pesar de esta negativa, el expresidente ha solicitado su participación en el caso tras ser citado como testigo y después de que el Tribunal Superior de Justicia de la Comunidad Valenciana decidiera no imputarle, al no hallar indicios de delito en su actuación. La declaración de Mazón ha sido pospuesta mientras se espera la resolución de la Audiencia Provincial de Valencia sobre el recurso de apelación presentado por su defensa. Además, la Fiscalía ha apoyado un segundo recurso del exmandatario relacionado con la negativa del juzgado a proporcionarle ciertos documentos necesarios para su defensa, lo que añade aún más tensión a la instrucción.
Con estos acontecimientos, la causa sobre la gestión de la DANA se adentra en una fase crítica, marcada por un intenso debate jurídico sobre los límites de la investigación y el alcance de las actuaciones judiciales en lo que respecta a personas con fuero.
