La Fiscalía del Supremo respalda un indulto parcial para García Ortiz debido a la desproporción de su condena
La Fiscalía del Tribunal Supremo ha presentado un escrito ante la Sala Segunda del alto tribunal en el que manifiesta su apoyo a la concesión de un indulto parcial al exfiscal general Álvaro García Ortiz. Este fue condenado en noviembre por un delito de revelación de datos reservados relacionados con Alberto González Amador, pareja de la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso. La solicitud de indulto fue planteada por varios particulares en enero, y recientemente el tribunal solicitó un informe al Ministerio Público y a la parte afectada.
Justificación del indulto
En un documento de ocho páginas, la teniente fiscal María Ángeles Sánchez Conde, quien representó al Ministerio Público durante el juicio y abogó por la absolución de García Ortiz, argumenta que la condena, que incluye dos años de inhabilitación, una multa de 7.200 euros y una indemnización de 10.000 euros al perjudicado, ha tenido consecuencias extrapenales significativas y desproporcionadas. La fiscal destaca que el exfiscal general pagó en febrero la responsabilidad civil por los daños morales causados a González Amador, así como la multa impuesta, y está a la espera de conocer las costas del proceso, que se estiman en unos 39.000 euros.
Enfoque del indulto parcial
Sánchez Conde enfatiza que el indulto parcial no busca revisar los hechos probados ni la calificación jurídica de la condena, sino evaluar si la ejecución completa de la pena es desproporcionada. Argumenta que, dada la condición institucional del penado, la ausencia de antecedentes penales y la falta de beneficios personales derivados de su actuación, es razonable considerar la solicitud. Además, subraya la repercusión pública que ha tenido el caso, así como el impacto que ha tenido en la reputación y carrera profesional de García Ortiz.
Responsabilidad y contexto institucional
La teniente fiscal también recuerda que el condenado asumió la responsabilidad por la elaboración de la nota de prensa que dio origen a la condena, manteniendo siempre su disponibilidad ante el tribunal y renunciando a su cargo tras conocer el fallo. Destaca que la actuación de García Ortiz tuvo como objetivo proteger la integridad de la institución que presidía, especialmente en un contexto mediático que cuestionaba la labor de los fiscales.
Implicaciones del indulto parcial
El indulto parcial, respaldado por la Fiscalía, se centraría en reducir la duración de la pena de inhabilitación, lo que podría acortar los plazos para la cancelación de los antecedentes penales, facilitando así la vida civil y profesional del condenado. Con estos informes presentados, el Tribunal Supremo deberá definir su postura, aunque su decisión no será vinculante para el Gobierno, ya que el Consejo de Ministros, a propuesta del ministro de Justicia, Félix Bolaños, tendrá la última palabra.
En este sentido, es crucial diferenciar entre un indulto total y uno parcial. El indulto total, que implicaría la eliminación de todas las penas, requiere el apoyo del tribunal que dictó la condena, mientras que el indulto parcial podría avanzar incluso con un informe desfavorable, permitiendo la posibilidad de conmutar la pena por una menos severa.
