La Fiscalía solicita la absolución de Begoña Gómez en el juicio
El Ministerio Público ha instado a que se declare la absolución de Begoña Gómez, junto con la asesora de Moncloa Cristina Álvarez y el empresario Juan Carlos Barrabés, en la causa que ha sido enviada a juicio por el juez Juan Carlos Peinado ante un jurado popular. En un extenso documento de 25 páginas con conclusiones absolutorias, la Fiscalía argumenta que la esposa del presidente del Gobierno no ha incurrido en ningún delito durante su vinculación con la cátedra extraordinaria de Transformación Social Competitiva de la Universidad Complutense, y que no ha obtenido beneficio económico alguno de este proyecto.
Acusaciones y contexto de la causa
Gómez y Álvarez enfrentan acusaciones de tráfico de influencias, corrupción en los negocios, apropiación indebida y malversación de fondos públicos, mientras que Barrabés se enfrenta a las primeras dos acusaciones. El procedimiento se tramita a través del tribunal del jurado debido a la conexión de los delitos. La Audiencia Provincial de Madrid aún debe resolver los recursos presentados por la Fiscalía y las defensas en relación a este proceso y decisiones anteriores del juez.
La Fiscalía destaca que la relación de Gómez con la Universidad Complutense se inició en 2012, seis años antes de que Pedro Sánchez asumiera la presidencia del Gobierno. Su labor académica ha sido anterior a su etapa en Moncloa, participando en diversos másteres y ocupando el cargo de codirectora de la cátedra desde 2020 hasta 2024.
Argumentos de la Fiscalía sobre la cátedra
El Ministerio Público sostiene que la actividad en la cátedra no fue retribuida, afirmando que Gómez no recibió ninguna compensación económica por su labor. Este argumento es fundamental en el escrito de la Fiscalía, que subraya que la cátedra fue establecida conforme a la normativa de la universidad y que se financió con fondos privados, lo que permitió a la Complutense captar recursos para la formación, investigación y transferencia de conocimiento.
El fiscal también aclara que ni la sociedad Transforma TSC SL, ni ninguno de los acusados, han explotado comercialmente el programa informático desarrollado en el marco de la cátedra. Además, se resalta que el software fue reconocido como propiedad de la Universidad Complutense y su uso futuro sería gratuito.
Cifras y contexto del proyecto
En cuanto a los costes asociados al proyecto, la Universidad Complutense estimó que se gastaron 108.765,79 euros y 4.744 euros en la creación del software. La Fiscalía resalta que la universidad no ha reclamado la entrega del programa ni ha iniciado litigios sobre su titularidad, y afirma que no ha sufrido ningún perjuicio patrimonial como resultado de las actividades realizadas.
El escrito también deja claro que las empresas involucradas en la cátedra no recibieron compensación alguna por su colaboración, y que no hay vínculo entre esta actividad y contratos públicos o privados. La Fiscalía concluye que ni Gómez, ni Álvarez, ni Barrabés obtuvieron beneficios económicos derivados de esta iniciativa.
Recurso sobre la retirada del pasaporte
Paralelamente, la Fiscalía ha presentado un recurso contra la decisión de retirar el pasaporte a Begoña Gómez y Cristina Álvarez. En este documento, se argumenta que no existe riesgo de fuga, y se cuestionan las medidas cautelares impuestas, considerándolas innecesarias y desproporcionadas. Este recurso también critica la idea de que la escolta policial de Gómez pudiera facilitar una posible fuga.
El fiscal sostiene que ambas acusadas tienen arraigo familiar y profesional en España, carecen de antecedentes y no presentan signos de querer huir. En este sentido, se cuestiona la lógica detrás de las medidas cautelares impuestas.
La controversia en torno a la retirada del pasaporte ha tenido implicaciones prácticas, ya que Gómez solicitó permiso para viajar a la cumbre de la OTAN en Ankara y a Londres para asistir a la graduación de su hija. Aunque la Fiscalía no se opuso a este viaje, el juez finalmente autorizó solo el desplazamiento a Londres, manteniendo la prohibición para el viaje a Turquía.
