La Generalitat impugna el decreto de regularización de inmigrantes por su impacto en los servicios públicos
El Consell ha decidido recurrir el decreto del Gobierno que establece un proceso de regularización masiva de migrantes en España, a raíz de sus posibles repercusiones en los servicios públicos. La Abogacía de la Generalitat ha recibido autorización para presentar un recurso y solicitar la suspensión cautelar de la normativa mientras se resuelven las impugnaciones.
Impacto en servicios esenciales
El portavoz del Consell, Miguel Barrachina, ha manifestado en una reciente rueda de prensa que el proceso de regularización, vigente desde el 16 de abril y que permite la presentación de solicitudes hasta finales de junio, podría afectar gravemente la organización, financiación y prestación de servicios autonómicos, especialmente en áreas como los servicios sociales, la sanidad, la educación y la vivienda.
Barrachina ha enfatizado que la política migratoria debe gestionarse de manera ordenada y legal, teniendo en cuenta la capacidad de acogida y el bienestar de los residentes en la Comunitat Valenciana. Además, ha señalado la falta de información sobre los costes que esta regularización supondrá para las administraciones autonómicas y locales, así como la ausencia de compensaciones económicas por parte del Gobierno.
Modificaciones al régimen de extranjería
El Real Decreto 316/2026, que modifica el reglamento de la Ley Orgánica 4/2000 sobre derechos y libertades de los extranjeros en España, introduce cambios significativos en el régimen de extranjería, que abarcan desde la residencia y el arraigo hasta la integración social y las autorizaciones por circunstancias excepcionales.
El Consell considera que la implementación de esta normativa puede tener un impacto directo e indirecto en diversas áreas de competencia de la Generalitat, lo que requiere una respuesta coordinada del ejecutivo autonómico para abordar la situación de manera integral.
Posible recurso contencioso-administrativo
La Abogacía General de la Generalitat está facultada para presentar un recurso contencioso-administrativo que impugne la totalidad del decreto o, de manera subsidiaria, aquellos artículos que se consideren pertinentes, basándose en los informes técnicos y jurídicos disponibles.
Asimismo, se le autoriza a solicitar la suspensión cautelar de las disposiciones impugnadas y a adoptar cualquier medida necesaria para proteger la efectividad de una posible resolución judicial, evitando así daños irreparables para la Generalitat y sus servicios públicos, así como para el interés general de la Comunitat Valenciana.
