La Generalitat Amplía la Investigación sobre Viviendas en Alicante
La Generalitat Valenciana ha decidido extender su investigación acerca de la tramitación de visados de vivienda protegida en el residencial Les Naus de Alicante. Esta medida busca confirmar si existen más irregularidades relacionadas con el proceso, mientras se implementan nuevas estrategias de control para prevenir la repetición de situaciones similares en el futuro.
Acciones Inmediatas y Análisis Detallado
Miguel Barrachina, portavoz del Consell, comunicó que, tras la revelación del caso, se tomó una respuesta «inmediata» que incluyó la destitución del funcionario responsable de los visados. Barrachina subrayó que la Generalitat está llevando a cabo un análisis exhaustivo de cada expediente y que cualquier indicio de irregularidad será enviado de inmediato a la Fiscalía. Se están investigando las omisiones en los visados que podrían haber afectado a otros solicitantes.
El portavoz también destacó que la cooperativa Les Naus es una entidad privada y que el funcionario en cuestión fue designado en su puesto por las decisiones de los partidos Compromís y PSOE.
Beneficiarios y Nuevas Estructuras de Control
En el contexto actual, se ha revelado que varios funcionarios y personas vinculadas al Ayuntamiento de Alicante, incluyendo a la concejala de Urbanismo Rocío Gómez, dos arquitectos y familiares de altos cargos municipales, han sido beneficiarios de estas viviendas de protección pública.
Barrachina detalló que se implementará un cambio estructural significativo en el proceso de adjudicación. Se establecerá un órgano colegiado encargado de revisar los visados, con el fin de evitar que una sola persona tenga el control total sobre los requisitos de adjudicación. Este nuevo sistema buscará reducir riesgos de conflictos de interés y garantizar un control adecuado en el proceso.
Además, recordó que se han fortalecido los controles a través de un decreto en 2024, que impide la firma de notarios sin el visado correspondiente.
Estado de las Adjudicaciones
A pesar de la investigación en curso, no se contempla la reversión de las adjudicaciones de las viviendas en cuestión. Según Barrachina, los beneficiarios hasta el momento cumplen con los requisitos establecidos para obtener una vivienda de protección pública. La única irregularidad que se ha identificado es la falta de inhibición del funcionario implicado en el proceso, lo que afecta su situación personal.
