Libertad con Medidas Cautelares para Directivos de Plus Ultra
El titular del Juzgado de Instrucción número 13 de Madrid ha dictado la libertad con medidas cautelares para los tres ejecutivos de la aerolínea Plus Ultra que fueron detenidos en el marco de una investigación sobre blanqueo de capitales. Entre los arrestados se encuentran el presidente Julio Martínez y el CEO Roberto Roselli. Esta decisión fue tomada por el juez Alfredo Barrera durante su turno de guardia, aunque la investigación principal está siendo conducida por otro juzgado y permanece bajo secreto de sumario.
Condiciones Impuestas por el Juez
El juez ha impuesto a los tres detenidos la obligación de entregar sus pasaportes, así como la prohibición de salir del país. Además, deberán presentarse ante el tribunal cada quince días. Los arrestos fueron efectuados a lo largo de la semana por la Unidad de Delincuencia Económica y Fiscal (UDEF) de la Policía Nacional.
Investigación de la Fiscalía Anticorrupción
La jueza Esperanza Collazos está llevando a cabo la investigación tras una denuncia presentada por la Fiscalía Anticorrupción. Esta denuncia señala el uso indebido de los 53 millones de euros que el Gobierno otorgó a Plus Ultra como parte de un rescate durante la pandemia, así como el posible blanqueo de fondos públicos y de oro proveniente de Venezuela en varios países.
La Audiencia Nacional había desestimado una denuncia similar el año pasado, argumentando que el juzgado correspondiente era el de Madrid, ya que este había investigado y cerrado el caso sobre el rescate de la aerolínea.
Determinaciones de la Fiscalía
La Fiscalía ha señalado que los 53 millones de euros, recibidos por Plus Ultra a través del Consejo de Ministros en marzo de 2021, se habrían utilizado incorrectamente para saldar préstamos de la compañía que estaban vinculados a una red delictiva. La denuncia incluye a varias personas relacionadas con una supuesta organización criminal que opera en Francia, Suiza y España.
Este grupo estaría compuesto por individuos extranjeros, algunos nacionalizados españoles, así como al menos un abogado español, y se dedicaría a actividades de blanqueo en los tres países mencionados. Según las acusaciones, los fondos ilícitos provendrían de actos de malversación por parte de funcionarios públicos en Venezuela, específicamente de programas gubernamentales destinados a la distribución de alimentos básicos y de transacciones de oro del Banco de Venezuela.
