Nuevo decreto sobre espacios digitales seguros
Claudia Sheinbaum, presidenta de México, ha firmado un decreto con el objetivo de garantizar la seguridad en los espacios digitales para niñas, niños y adolescentes. Esta normativa incluye una serie de requisitos que las plataformas digitales deberán cumplir para proteger a los usuarios más jóvenes de contenidos que puedan promover la violencia, el acoso y conductas autodestructivas. A pesar de que estas disposiciones son de carácter obligatorio, el mecanismo de regulación no prevé sanciones para aquellas empresas que no cumplan con lo establecido.
Luisa María Alcalde, consejera jurídica del Ejecutivo Federal, indicó que esta iniciativa se fundamenta en el artículo 101 Bis de la Ley General de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes. Este artículo establece la responsabilidad del Estado de garantizar un acceso seguro a internet, implementando medidas que prevengan y atiendan incidentes de ciberacoso y otras agresiones que puedan poner en riesgo la intimidad, privacidad, seguridad y dignidad de los menores.
Responsabilidad de las plataformas digitales
La reforma a la Ley Federal del Derecho de Autor tiene como finalidad combatir las infracciones digitales, aunque defensores de la libertad de expresión han expresado su preocupación, señalando que las nuevas obligaciones podrían fomentar la vigilancia y la censura en línea. Alcalde explicó que la administración federal ha mantenido reuniones con representantes de diversas empresas tecnológicas para discutir la nueva normativa y su implementación. Entre las compañías que han colaborado se encuentran Meta, Microsoft, Apple, TikTok, X (anteriormente Twitter), Google y Huawei.
Alcalde destacó la disposición positiva de las plataformas, que han reconocido la necesidad de contar con un instrumento de esta índole. Estas empresas ya están trabajando en identificar y eliminar contenidos nocivos de sus plataformas.
Contenidos prohibidos y medidas de protección
El decreto establece explícitamente que los servicios digitales no deben permitir que los usuarios más jóvenes accedan, se expongan o reciban recomendaciones de contenidos que promuevan las siguientes conductas:
- Discursos de odio y extremismo violento.
- Abuso, explotación o violencia sexual.
- Suicidio, autolesiones deliberadas y trastornos alimenticios.
- Violencia en el entorno escolar.
- Acoso y ciberacoso.
- Conductas ilícitas.
- Material sexual explícito.
Las empresas tecnológicas tienen la obligación de asegurar la protección de los menores desde el diseño de sus plataformas mediante la implementación de mecanismos de verificación de edad, herramientas de supervisión parental, sistemas de denuncia y funciones de privacidad predeterminadas. También deberán identificar y eliminar inmediatamente cuentas o publicaciones que fomenten cualquier forma de violencia, así como clasificar el contenido según la edad adecuada para su difusión.
Colaboración con las autoridades y plazos de implementación
Además, el decreto estipula que las plataformas deben colaborar con las instancias de seguridad y procuración de justicia. Para ello, deben habilitar un punto de contacto accesible las 24 horas del día, los siete días de la semana, que permita atender las solicitudes de información de las autoridades, así como preservar y entregar evidencias que faciliten las investigaciones. También deberán implementar un sistema de alerta inmediata para detectar contenidos que amenacen la vida.
Una vez publicado en el Diario Oficial de la Federación, las plataformas tendrán un plazo de 30 días naturales para documentar e informar sobre las acciones que han llevado a cabo para cumplir con las disposiciones del decreto. La supervisión de este procedimiento estará a cargo de la Agencia de Transformación Digital y Telecomunicaciones (ATDT).
Aspectos a considerar en la regulación
A pesar de que el decreto es de cumplimiento obligatorio, es importante señalar que no se han establecido sanciones para las plataformas que no lo respeten. Sheinbaum indicó que, en caso de incumplimiento, se procederá a la creación de una ley que contemple sanciones para las empresas infractoras.
Por su parte, Alcalde mencionó que la disposición instruye a la Consejería Jurídica a establecer una mesa de trabajo con el fin de coordinar posibles regulaciones adicionales que fortalezcan la protección y seguridad en los espacios digitales.
