Inicio del Juicio Oral contra Mónica Oltra y su Equipo
La exvicepresidenta de la Generalitat Valenciana, Mónica Oltra, se enfrentará a un juicio oral por el presunto encubrimiento de abusos sexuales a una menor bajo su tutela, cometidos por su exmarido entre 2016 y 2017. Este proceso judicial ha sido ordenado por la Audiencia de Valencia, a pesar de que la Fiscalía se había manifestado en contra de llevar el caso a juicio.
Acusaciones y Delitos Atribuidos
El Juzgado de Instrucción número 15 de Valencia ha decidido que Oltra y otras 12 personas, que incluyen psicólogos, directores de sección y altos funcionarios de la Conselleria de Igualdad, se sentarán en el banquillo acusados de varios delitos. Estos incluyen prevaricación, malversación, delitos contra la integridad moral, omisión del deber de perseguir delitos, encubrimiento y abandono de menores.
Medidas Judiciales y Fianza Requerida
En el mismo auto, la jueza ha impuesto a los acusados la obligación de presentar una fianza conjunta de 120.000 euros. En caso de no cumplir con este requerimiento en el plazo establecido, se procederá al embargo de bienes de su propiedad hasta alcanzar la cantidad exigida. Además, se ha declarado la responsabilidad civil subsidiaria de la Generalitat Valenciana.
Desarrollo del Procedimiento Judicial
A lo largo de la instrucción, este procedimiento ha pasado por diversas fases de recursos y archivos. En 2024, el juzgado decidió archivar las actuaciones contra Oltra y su equipo al no encontrar indicios de delito, una decisión que fue respaldada por la Fiscalía. Sin embargo, la Audiencia reabrió el caso tras considerar válidos los recursos presentados por Vox y Gobierna-te, lo que llevó al juez a continuar con el proceso por «imperativo legal».
Posteriormente, en 2025, se optó nuevamente por el sobreseimiento provisional, pero tras la presentación de más recursos, la Audiencia ordenó finalmente la apertura del juicio oral, que se ha concretado en esta reciente decisión judicial.
Conclusiones y Expectativas
La Audiencia de Valencia ha subrayado que no se puede negar la apertura del juicio oral si hay una probabilidad razonable de que los hechos puedan ser considerados delictivos. Esta determinación reitera la importancia de la valoración de las pruebas aportadas y la necesidad de garantizar el derecho de las acusaciones a que sus denuncias sean escuchadas en un tribunal. El proceso judicial avanza, y se espera que en los próximos días los abogados de los acusados presenten sus defensas.
