Montoro solicita el traslado de su caso de corrupción a Madrid tras años de investigación en Tarragona
La defensa de Cristóbal Montoro, exministro de Hacienda del Partido Popular, ha interpuesto un recurso de apelación ante la Audiencia Provincial de Tarragona. Este recurso pide que el conocido como ‘caso de las leyes a medida’, que implica supuestas irregularidades en beneficio de empresas gasísticas, sea trasladado a Madrid. En el documento de diez páginas, fechado recientemente, se argumenta que el Tribunal de Instancia de Tarragona no tiene jurisdicción sobre unos hechos que, según la defensa, se habrían planeado y llevado a cabo en la capital española.
Cuestionamiento de la competencia territorial
El recurso se presenta en respuesta a una decisión del 16 de abril, donde el juez Rubén Rus desestimó las solicitudes de varios abogados que pedían que la causa no continuara en Tarragona. En este caso se investiga a Montoro y a más de una veintena de personas por delitos como cohecho, fraude a la Administración Pública y tráfico de influencias, entre otros. La investigación se centra en si, durante el mandato de Montoro, se promovieron cambios legislativos que favorecieran a empresas gasísticas que trabajaban con el despacho Equipo Económico, fundado por el exministro en 2006.
El juez ha autorizado el rastreo de movimientos bancarios de Montoro y de personas relacionadas con él, lo que ha intensificado la investigación. La defensa sostiene que la falta de competencia territorial del juzgado de Tarragona es una cuestión de orden público y que la investigación ha vulnerado el derecho a un juez predeterminado por la ley. Además, argumentan que los hechos investigados desde el inicio están vinculados a Madrid, dado que los correos electrónicos intervenidos indicaban la intención de contratar a Equipo Económico para influir en decisiones del Ministerio de Hacienda.
Informes periciales que desafían las acusaciones
En un esfuerzo paralelo, el antiguo despacho de Montoro, ahora conocido como Global Afteli, ha presentado dos informes periciales que buscan desestimar las conclusiones de la Agencia Tributaria y de los Mossos d’Esquadra, que sustentan gran parte de la investigación. Estos informes, elaborados por el abogado Juan Manuel Herrero de Egaña, exalto cargo en distintos gobiernos, afirman que las acusaciones carecen de fundamento sólido y se basan en premisas incorrectas y malas interpretaciones de la documentación.
Los informes subrayan que Equipo Económico únicamente realizó labores de asesoramiento jurídico y elaboración de propuestas normativas, rechazando cualquier influencia sobre el Ministerio de Hacienda. Asimismo, argumentan que no hay evidencia de que las empresas hubieran contratado al despacho por supuestos contactos políticos. Destacan que las reformas fiscales objeto de investigación no fueron anuladas ni alteradas posteriormente, e incluso algunas fueron adoptadas bajo el gobierno del PSOE, lo que, según el dictamen, demuestra la imparcialidad y la racionalidad de las medidas legislativas en cuestión.
