Morant busca la intervención del Gobierno ante los Presupuestos de la Generalitat
La líder del PSPV-PSOE y ministra de Ciencia y Universidades, Diana Morant, ha manifestado su intención de que el Gobierno de España recurra al Tribunal Constitucional si se incluye el concepto de «prioridad nacional» en los Presupuestos de la Generalitat Valenciana. Esta disposición forma parte del acuerdo presupuestario entre el Consell, dirigido por Juanfran Pérez Llorca, y Vox, aunque el Partido Popular ha desestimado la cuestión, aludiendo a un enfoque de «arraigo».
Principio de igualdad en riesgo
Durante una visita a Vinaròs, en la provincia de Castellón, Morant ha señalado que la inclusión de esta medida contraviene el principio de igualdad establecido en la Constitución. Ha advertido que el Ejecutivo central tomará medidas si la ley se aprueba en su forma actual. La secretaria general de los socialistas valencianos ha criticado el pacto entre el PP y Vox, considerándolo como una aceptación de posturas de la formación liderada por Santiago Abascal, especialmente en temas relacionados con la inmigración y el acceso a políticas públicas.
Críticas a un acuerdo perjudicial
Morant ha argumentado que la «prioridad nacional» introduce un criterio que, en su opinión, socava la igualdad entre los ciudadanos. Asimismo, ha denunciado que el Consell está respaldando planteamientos que califica de «racistas y xenófobos». También ha resaltado que, según el PSPV, el acuerdo presupuestario podría conllevar la reducción o eliminación de partidas dedicadas a políticas de igualdad, diversidad, diálogo social y colaboración con organizaciones no gubernamentales.
Defensa de la igualdad constitucional
La dirigente socialista ha insistido en que la Constitución protege la igualdad de todos los ciudadanos y ha afirmado que el Gobierno de Pedro Sánchez «no permitirá» que una norma autonómica contradiga este principio fundamental. Morant ha vinculado este posible recurso con el que el Gobierno presentó contra la Ley de Concordia del Consell, subrayando que el Ejecutivo actuará de manera similar ante cualquier legislación autonómica que considere incompatible con la Constitución.
