Imputaciones en la SEPI por la ‘trama de Leire’
La investigación sobre la Sociedad Estatal de Participaciones Industriales (SEPI) ha tomado un giro significativo, llevando a la imputación de su presidenta, Belén Gualda, así como de otros 24 altos cargos. Este desarrollo se produce en el contexto de la investigación de la ‘trama Hirurok’, que involucra presuntos amaños de expedientes públicos relacionados con ayudas y contratos durante la pandemia.
Indicios de delitos graves
La Fiscalía Anticorrupción ha presentado un informe que señala a Gualda como figura central en la gestión del expediente de Tubos Reunidos, una empresa que solicitó un rescate de 115 millones de euros del Fondo de Apoyo a la Solvencia de Empresas Estratégicas (FASEE). Según el informe, la trama habría estado implicada en delitos como tráfico de influencias, malversación y prevaricación administrativa.
Los contactos entre la SEPI y Tubos Reunidos se iniciaron en septiembre de 2020, y la aprobación del rescate se produjo en julio de 2021. Vicente Fernández, expresidente de la SEPI, es señalado como intermediario que facilitó información interna a la empresa. Otros implicados incluyen a Miguel Ángel Figueroa Teva, quien habría compartido documentación clave, y Rosario Martínez Manzanedo, directora de Participadas.
Contratos sospechosos y pagos encubiertos
La investigación también ha revelado que Tubos Reunidos formalizó contratos con Mediaciones Martínez, una sociedad vinculada a la trama, para encubrir pagos por gestiones realizadas. Se destaca que, tras recibir el rescate, la empresa continuó negociando con Fernández y otros miembros de la trama para el aplazamiento de deudas, lo que plantea cuestionamientos sobre la transparencia en la gestión de estas ayudas.
La Fiscalía ha vinculado a otros directivos de Tubos Reunidos, como el expresidente Francisco Irazusta y el actual director general Carlos López de las Heras, a la trama, señalando que jugaron un papel crucial en la obtención del rescate y en las negociaciones posteriores.
Investigación en múltiples frentes
La implicación de Gualda no se limita a Tubos Reunidos, ya que la providencia del juez Pedraz incluye a otros directivos de diferentes compañías y entidades, como Enusa y Mercasa, en relación con contratos sospechosos y posibles irregularidades en la adjudicación de obras y servicios.
La Fiscalía ha encontrado indicios de que las operaciones de la trama han afectado a numerosos contratos y adjudicaciones, sugiriendo un entramado complejo que va más allá de la SEPI y Tubos Reunidos, implicando a diversas entidades en una red de corrupción que se está desmantelando.
Conclusiones y próximos pasos
Este caso pone de manifiesto la necesidad de una mayor transparencia y rendición de cuentas en la gestión de fondos públicos, especialmente en tiempos de crisis. La continuidad de las investigaciones y el desarrollo de los procesos judiciales serán cruciales para esclarecer los hechos y determinar las responsabilidades correspondientes.
